Ayer 30 de junio finalizó el periodo de consultas abierto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) para la confección del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, un texto que busca “actualizar la legislación para adaptarla a la situación actual del sector y a los avances tecnológicos, promoviendo la calidad del aceite de oliva como uno de los pilares básicos para el desarrollo de este sector”. Entre los aspectos que pretende regular se encuentra la utilización de distintos formatos y materiales, destacándose entre los primeros párrafos como “en línea con las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible y en particular las referidas a la reducción del uso de plásticos, se limita en la presente norma la utilización de este material para algunos productos, cuya imagen puede además verse deteriorada en determinadas formas de presentación”.
En este sentido, el artículo 7 del texto que se ha hecho público para su revisión, titulado “Obligaciones específicas de los envases”, contiene una amplia serie de medidas que afectan al mundo del packaging en general, como la necesidad de que los envases no modifiquen las características del contenido ni transmitan sabores u olores extraños, así como la obligación de que a los consumidores solo se suministren formatos de hasta 5 l de capacidad, dejando los de mayor dimensión únicamente para colectividades.
Sin embargo, el aspecto más polémico tiene que ver con el artículo 8, donde se establecen las prohibiciones que afectan a esta industria. Además de mantener vigente la prohibición de trasvasar o rellenar envases de aceite empleados en hostelería, el texto añade también la prohibición en la comercialización de la variedad de oliva virgen extra destinada a los consumidores finales en recipientes de plástico, con la única excepción de los suministrados en envases monodosis. De acuerdo a su contenido, una vez finalizado el periodo de consultas se abre ahora ahora la fase de redacción del proyecto que, de acuerdo a su disposición adicional tercera, debería de entrar en vigor el próximo 2 de enero de 2021.