La Comisión Europea anunció el pasado vienes la retirada de su propuesta legislativa denominada ‘Green Claims Directive’, una medida destinada a combatir las afirmaciones engañosas sobre las cualidades ambientales de los productos que se ponen en el mercado
"En el contexto actual, la Comisión tiene la intención de retirar la Directiva sobre Declaraciones Ambientales", declaró Maciej Berestecki, portavoz de medio ambiente de la UE, en rueda de prensa. Esta propuesta legislativa se presentó en septiembre de 2023 y el organismo presidido por Ursula von der Leyen no ha explicado aún los motivos de esta decisión ni las medidas que se adoptarán a partir de ahora.
El texto se centraba en las declaraciones ambientales explícitas, es decir, las expresadas en texto o contenidas en una etiqueta ambiental. El objetivo de la norma era establecer requisitos mínimos para la justificación, la comunicación y la verificación de las declaraciones y etiquetas ambientales. En la práctica, se buscaba garantizar que las declaraciones ambientales de las empresas estuvieran respaldadas por evidencia científica ampliamente reconocida, fueran relevantes durante el ciclo de vida del producto y se basaran en información primaria o secundaria precisa.
Anna Cavazzini (Verdes/ALE, Alemania), presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y Antonio Decaro (S&D, Italia), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria, comentaron esta cancelación de última hora: “Menos de tres horas antes del inicio del diálogo tripartito final, supimos de la reticencia de la Presidencia a entablar negociaciones con el Parlamento y la Comisión, debido a los recientes anuncios de la Comisión y al cambio de postura en el propio Consejo.
“Este modus operandi podría sentar un precedente peligroso para el proceso legislativo y los procedimientos institucionales, dando lugar a una confrontación innecesaria y evitable entre los colegisladores. No creemos que sea justo privar al Parlamento de la oportunidad de finalizar las negociaciones sobre una directiva después de dos años de proceso legislativo e incontables horas de trabajo.
La congelación en la tramitación de es implicará que la lucha contra el “greenwashing” ecológico solo se regirá por la Directiva de Empoderamiento del Consumidor, cuyo objetivo es prevenir prácticas comerciales desleales bajo el lema de la sostenibilidad.