La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el Anteproyecto de ley de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR), sobre la comercialización de productos libres de deforestación (IPN/CNMC/019/25), a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El objetivo principal de la norma es adaptar la legislación nacional al nuevo reglamento europeo, que refuerza la trazabilidad, la evaluación del riesgo y la transparencia en toda la cadena de suministro de productos y materias primas relacionados con las prácticas de deforestación. Entre estos productos se encuentran el aceite de palma, la soja, el café, el cacao, la carne de bovino, la madera o el caucho.
Con el nuevo marco normativo, los operadores económicos deberán verificar el origen de los productos, garantizar que no proceden de zonas deforestadas y mantener actualizada la información necesaria para acceder al mercado europeo y contribuir a la sostenibilidad global.
La CNMC valora positivamente las reformas propuestas, para reforzar la trazabilidad y sostenibilidad de los productos comercializados en España, alineando el marco nacional con los nuevos estándares europeos en la lucha contra la deforestación. No obstante, la CNMC ha identificado en el anteproyecto varios aspectos susceptibles de mejora desde el punto de vista de la competencia y de los principios de buena regulación y recomienda:
Evitar riesgos de intercambio de información sensible. Establecer salvaguardias en el repositorio estatal de información para impedir que se compartan datos comerciales entre competidores que puedan favorecer conductas coordinadas.
Clarificar la actividad de certificación. Garantizar que los sistemas de certificación o verificación por terceros complementen, pero no sustituyan, la obligación de los operadores de verificar el origen de los productos. También sugiere regular con mayor precisión quién puede certificar y en qué condiciones, para evitar conflictos de interés y asegurar la trazabilidad.
En este sentido, la tramitación desde este texto en Europa sigue encontrándose con complejos discusiones. Si hace unas semanas parecía probable un retraso en los tiempos de aplicación, el pasado 21 de octubre la Comisión Europea presentó una propuesta por la que reducías las obligaciones para pymes vinculadas a los sectores afectados, al entender que los riesgos asociados eran de menor calibre, pero manteniéndolos para los grandes actores. El objetivo era poder aligerar la carga de los sistemas informaticos que se emplearían para transmitir y gestionar la información, La propuesta también incluye un período transitorio de implementación del EUDR, pero no prevé un retraso general de un año.