La Junta de Castilla y León aprobaba el miércoles 10 de abril la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León por el Consejo de Gobierno. La normativa está enfocada, principalmente, a los “modelos de convivencia” en los centros y al “protagonismo de los usuarios" , según explicaba el pasado verano a prensa local la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco Llamas. La Ley será de obligado cumplimiento para todos los centros de Castilla y León, ya sean de titularidad privada o pública.
En este sentido, la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (ACALERTE) celebra el “hito histórico” que supone la aprobación en las Cortes autonómicas de la Ley de Residencias, ya que aporta, según la federación, la “seguridad jurídica” que requerían las residencias y centros de día que en Castilla y León han apostado por el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), unidades de convivencia y el tipo de personal que debe atender a los usuarios. No obstante, ACALERTE exige a Consejería que el desarrollo normativo de la Ley se ajuste a “la realidad del sector”. Javier Sanz, vicepresidente de ACALERTE, aseguró que “se necesita más dinero y, sobre todo, que la Junta de Castilla y León reponga a la Dependencia los 7,4 M que dejó de aportar de sus propias arcas aprovechando que el Gobierno de España inyectaba financiación a las autonomías a través del Plan de Choque para la Mejora del Sistema de la Dependencia”. Asimismo, insistió en que “todas las subidas de ratio que se aprueben deben ir acompañadas de mayor financiación para el sector”, recordando que el peso de la atención a las personas mayores y de atención a la dependencia recae en ese 70% de plazas que tiene financiación pública.
Por su parte, la Plataforma Social Castilla y León ha tachado de "decepcionante" la Ley de Residencias, al considerar que la Junta se muestra "insensible y da la espalda a las propuestas presentadas por los colectivos sociales". Según la Plataforma, la Ley "carece de compromisos que vayan a cambiar lo que sucede en las residencias de nuestra Comunidad", explicaron en un comunicado recogido por Ical. Según la Plataforma, la ley no da respuesta al mayor problema en que se encuentran las residencias, que "dispongan del personal necesario” y que “garanticen la atención centrada en la persona".