El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobaba el 24 de agosto el Proyecto de la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León, paso previo para someterlo a la mayoría de las Cortes.

Se trata de un texto normativo innovador, cuyo anteproyecto parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que adapta todos los centros públicos y privados destinados a la atención a las personas mayores, dependientes y con discapacidad al contexto actual, generalizando el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona.

Esta ley tiene como finalidad garantizar los derechos de quienes viven en los centros de carácter residencial y en los centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración, para personas en riesgo o situación de dependencia y con discapacidad situados en Castilla y León, revisando el modelo actual para adaptarlo a los nuevos tiempos.

El texto determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.

La esencia de la ley se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar.

Un texto consensuado

“La urgencia en la adaptación de los centros residenciales se observó parcialmente durante la pandemia, si bien la tendencia en Castilla y León ya estaba marcada desde varios años antes”, explican desde la Junta de Castilla y León. En la segunda mitad de 2020, e impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se constituyó un grupo de trabajo integrado por representantes de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, federaciones de personas mayores, grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y patronales, colegios profesionales y entidades locales con el objetivo de analizar la situación de las residencias y alcanzar acuerdos de manera consensuada.

En estos encuentros intervinieron expertos de cada ámbito para poner sobre la mesa cuestiones elementales como el fundamento ético de la atención integral centrada en la persona, que los centros son la vivienda de las personas y no son centros sanitarios, la perspectiva laboral o de las empresas prestadoras de servicios, los diferentes modelos asistenciales o la arquitectura necesaria para los centros.

El proyecto de ley incorpora las aportaciones que han realizado tanto el Consejo Consultivo, como el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Plazas para la atención a personas mayores y personas con discapacidad

Esta ley afectará a las 72.634 plazas que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad. En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas en 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente (entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia). “Ello sitúa a Castilla y León como la comunidad con la mayor cobertura de España, tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 %, muy por encima de la media nacional (4,19 %)”, añaden desde la Junta.

En cuanto a personas con discapacidad, el Sistema Social de Castilla y León cuenta con 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas y 10.638 centros de día), distribuidas en 825 centros.

Fundamentos de la nueva ley

Para desarrollar la atención centrada en la persona, el texto regula el modelo de atención integral, con un fuerte componente ético y de reconocimiento de la dignidad de la persona, que supere la rigurosidad de la atención puramente asistencial. La ley coloca a la persona en el lugar preferencial y recoge todo un catálogo de derechos que protegen su autonomía: proyecto de vida, decisiones manifestadas previamente por escrito, a mantener su idiosincrasia e identidad cuando el grado de autonomía empeore o a un trato personalizado, afectuoso, digno y con respeto a intimidad y creencias, entre otros.

El proceso de adaptación de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, a este modelo de atención centrado en la persona implica la salvaguarda general del derecho a ser asistidos sin ningún tipo de restricción, tales como las sujeciones físicas o algunos tratamientos farmacológicos. En este sentido, la ley promueve y regula una atención libre de restricciones, salvo las excepciones y con los requisitos recogidos en la nueva Ley (por ejemplo, casos puntuales en los que peligre la integridad tanto del usuario como de cuidadores o terceros y se hayan descartado las demás alternativas, no puedan llevarse a cabo de manera extraordinaria y previo consentimiento de la persona o de un familiar).

Este derecho implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con alguna persona usuaria al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro.

La ley establece también un ‘Proyecto de Vida’ documentado para que la persona pueda desarrollar el mismo de acuerdo con sus valores, gustos y preferencias, respetando y apoyando sus decisiones y con un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales de estos centros. En este sentido, todo servicio prestado por profesionales contará, en la medida de lo posible, con las preferencias y decisiones de las personas: serán ellas quienes decidan cómo desarrollar sus actividades en el plano de lo cotidiano y la atención de sus necesidades girará alrededor de su forma de enfocar la vida. Es más, el proyecto de ley ubica a las familias y allegados en un lugar central: en toda prestación de servicios se tendrá en cuenta el entorno afectivo ya que, al fin y al cabo, son esenciales en esa vertiente cotidiana.