Promovida por la Xunta de Galicia, en colaboración con la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) y el Consello Regulador Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia, se ha celebrado en Santiago de Compostela una "Jornada de Protección al Consumidor" , que reunió a más de 65 profesionales entre productores, elaboradores, fuerzas del orden y otros agentes implicados en la inspección y control de este tipo de destilados. A falta de datos oficiales, desde el propio sector estimaron que aproximadamente el 70% de los aguardientes y licores que se comercializan en Galicia son ilegales, los mal llamados aguardientes caseros. Frente a ellos, los 215.275 l (339.140 contraetiquetas) que se comercializaron en 2011 con el sello del Consejo Regulador.
A este respecto, el presidente del Consejo, José Antonio Feijóo, expresó: “Vamos a pedirle a la Administración Tributaria que elaboren unas normas de inspección claras e iguales en las cuatro provincias y que se apliquen de forma racional a todos. Y lo más importante, que contribuya de manera activa a retirar de circulación todos aquellos productos ilegales que suponen, no solo una falta importantísima de ingresos para el Estado, sino, que están poniendo en peligro la subsistencia de las verdaderas empresa s”. En este sentido, Feijoo, destacó en su intervención que la evolución de este sector debería ser paralela a la que tuvieron los vinos, “en donde no concebimos que nos ofrezcan un vino que no esté debidamente etiquetado, en cambio sí es frecuente que nos ofrezcan un aguardiente o licor, mal llamado “casero”, sin ningún tipo de control para el consumidor”.
Por su parte, el Director de FEBE, Bosco Torremocha, añadió que “el objetivo de la jornada se ha cumplido cuando hemos conseguido reunir a todas las administraciones públicas implicadas en la lucha contra la comercialización de aguardientes y licores que no cumplan los requisitos generales de etiquetado”, si bien es cierto que queda un largo camino por recorrer hasta suprimir las prácticas recurrentes, como la de servir tras una comida aguardiente o licores en botellas sin ninguna etiqueta, ya que suponen una quiebra de la trazabilidad de estos destilados y atentan, por tanto, contra el derecho a la información que tiene todo consumidor respecto de los alimentos y bebidas que consume.