Abengoa ha logrado "holgadamente" la adhesión de más del 75% de sus acreedores a su plan de rescate, porcentaje necesario para esquivar el que hubiera sido el mayor concurso de acreedores hasta la fecha en España. En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa, que matizó que el recuento es todavía provisional, señala que con este nivel de adhesión "se cumplirían las mayorías requeridas por ley para la presentación en el juzgado de la solicitud de homologación judicial, que se efectuará en los próximos días". Fuentes cercanas a la operación explicaron que la clave para el éxito del proceso radicó en el interés de los bonistas, ya que la operación ya contaba con un apoyo suficiente de la banca acreedora.
El siguiente paso es presentar el plan de reestructuración, junto a los apoyos reunidos ante el Juzgado Mercantil Número 2 de Sevilla para que su titular, Pedro Márquez Rubio, lo homologue y acuerde levantar el preconcurso. Precisamente, el viernes expira la prórroga concedida por el magistrado el 28 de marzo para que llegara a un convenio con sus acreedores. Si el juez da su visto bueno, sólo restará la celebración de la junta extraordinaria de accionistas convocada para el próximo 22 de noviembre, en la que se nombrará un nuevo consejo de administración formado por siete profesionales independientes. Al frente estará Gonzalo Urquijo, hombre fuerte designado por la banca el pasado verano para pilotar el rescate. Además, se incorporarán el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta; José Luis del Valle Doblado, presidente de Lar España; Manuel Castro Aladro, fundador de GRC y ex miembro del comité ejecutivo del BBVA; Ramón Sotomayor Jáuregui, consejero delegado de Thyssenkrupp; José Wahnon Levy, consejero en Ezentis y Dexia Sabadell y que ha desarrollado casi toda su carrera profesional en PwC; y Pilar Cavero Mestre, socia de honor del despacho de abogados Cuatrecasas. Los actuales accionistas también deberán dar luz verde a la ampliación de capital que facilitará la cesión del control a sus acreedores con la inyección de casi 1.170 M€. Tras la operación, alrededor del 55% de las acciones estará en manos de los fondos de inversión que facilitarán la nueva financiación. La banca se repartirá en torno al 40% de las acciones tras la capitalización de parte de su deuda, mientras la familia Benjumea y el resto de los accionistas históricos verán diluida su participación hasta el 1,4%.