Ayer el Congreso de los Diputados aprobaba de forma definitiva la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, una de las iniciativas de mayor calado del MAGRAMA para esta legislatura. La nueva norma busca mejorar el funcionamiento y vertebración de la cadena alimentaria, de forma que se aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Al mismo tiempo, la ley reducirá el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, lo que redundará en beneficio tanto del sector como de los consumidores.
Contenido legal
Para lograr sus objetivos, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios. Así, la Ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena. Con dichos contratos se persigue garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la Ley prohíbe las modificaciones en las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo, además de todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación parcial de una promoción comercial).
Por otra parte, se establece la autorregulación de las relaciones comerciales mediante un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, de adhesión voluntaria. Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los alimentos, informará de la propuesta del código y realizará su seguimiento. Además, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, que desempeñará funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de mercados como el oleíco o el lácteo, así como aquellos que se determinen reglamentariamente.
Reacciones a la aprobación
Las reacciones de los diferentes actores del sector no se han hecho esperar y a lo largo de ayer se fue produciendo un goteo de valoraciones de lo dispuesto en el nuevo marco legal. La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) mostró su satisfacción por el nuevo marco legislativo que permitirá crear un nuevo ámbito de creación de valor y apostando por una mayor transparencia. Así, el director general de la misma, Horacio González, aseguraba que "nos encontramos frente a un cambio estructural que habrá de beneficiar al conjunto de la economía alimentaria, incluido al consumidor. Todas estas herramientas deberán permitir el cambio efectivo hacia una nueva cadena alimentaria, algo en lo que la industria de alimentación y bebidas, a través de FIAB, pondrá todo su empeño y colaboración".
Por su parte, el director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) ha querido transmitir mediante un comunicado la postura de la organización que representa. Así, Aurelio del Pino asegura que "durante el proceso del elaboración del proyecto y de tramitación de la ley nuestra postura ha sido siempre muy clara y transparente: había que haber explorado otro enfoque de la ley, en línea con lo que señaló en su informe la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, una vez cerrado el proceso disponemos de un marco definitivo que es al que tenemos que atenernos". Además, reivindica que en su asociación "desde hace muchos años, venimos expresando nuestra apuesta por un sector agroalimentario dimensionado, estructurado, rentable y estable. Entendemos que durante el trámite legislativo se ha puesto sólo el foco en la distribución comercial. Ahora, con la ley aprobada, tendrá que verse si realmente va a permitir una mejor estructuración de las relaciones y muy especialmente en el sector agrario. En el marco de la libre y leal competencia, las cadenas de supermercados cumplirán escrupulosamente los preceptos recogidos en la ley y exigirán igual cumplimiento al resto de operadores de la cadena". Del Pino, insta, también, a las administraciones públicas para que "velen para que la aplicación de la ley lleve a tener una cadena más eficiente y competitiva, en beneficio de todos los operadores económicos y del propio consumidor". Según sus propias palabras, "es responsabilidad de las administraciones evitar que se produzcan efectos perversos o no queridos que nos lleven a costes administrativos desproporcionados, a una distorsión en los modelos empresariales o a la pérdida de la capacidad de respuesta de productores y distribuidores frente a los desafíos el mercado.”
La Asociación de fabricantes de productos de marca (Promarca) aseguraba que se trata de una norma "valiente y pionera para reequilibrar las relaciones comerciales". Su presidente, Ignacio Larracoechea, declaraba que "esta Ley mejorará la competencia en el sector agroalimentario, básico para la recuperación de la economía española. Para Promarca, la Ley pone en marcha medidas para atajar los abusos que sufren las marcas de fabricante, prohibiendo los pagos comerciales injustificados, las copias parasitarias de sus envases o la utilización indebida de los secretos comerciales relacionados con sus productos" .
Por su parte, Cooperativas Agroalimentarias de España "espera que esta ley, al igual que la de Integración Cooperativa , permita una revalorización de los productos agrarios, una mejor distribución del valor a lo largo de la cadena y unas mejores condiciones económicas del sector producto r , con lo que se logrará una mayor eficiencia lo que va a redundar en beneficio del consumidor".
