La reclasificación del IVA reducido de un 10% a un 21%, propuesto en el recientemente presentado 'Informe Lagares', tendría un impacto directo e inasumible, especialmente en un momento como el actual, en el bolsillo de los consumidores españoles, según alertan las asociaciones que representan a la cadena de alimentación, consumo y distribución. Esta es la visión de las principales organizaciones de la industria y la distribución alimentaria, pero también del consumidor, tal y como confirman los análisis realizados por estas organizaciones. Y es que, según una encuesta recientemente efectuada en las principales ciudades españolas, el 98% de los consumidores cree que reduciría su gasto, en una o varias categorías de productos, en caso de tener que hacer frente a nuevas subidas impositivas.
Los datos no dejan lugar a dudas. Los alimentos gravados al tipo reducido del 10% representaron el pasado año el 64,2% del total del gasto de los hogares en alimentación, con un valor total de 44.481 M€. No en vano, en esta lista figuran productos básicos en la cesta de la compra de los españoles como carnes, pescado fresco, alimentos infantiles, aceite, pasta o conservas, entre otros. Esto significa que una reclasificación de los bienes sujetos del 10% al 21% implicaría una factura adicional al consumidor de casi 600 € por familia anuales, según un informe de una organización de consumidores. En definitiva, como algunos expertos ya han anunciado, esta propuesta sería la más regresiva posible, ya que afectaría especialmente a las rentas más pobres de la población.
Impacto de la anterior subida de IVA
En opinión de las organizaciones de la industria y la distribución una reclasificación del IVA reducido no haría más que agudizar el impacto negativo que supuso la última subida impositiva. Así, tal y como muestra el Índice de Comercio Minorista (ICM), ofrecido por el INE, desde septiembre del 2012 -fecha de la última subida- la caída media del consumo en tasa interanual en los seis meses siguientes fue de un 6,7%. En el caso de la subida de los impuestos especiales en el alcohol de 2013, la subida provocó una caída en la recaudación del 3%, una caída inmediata en el consumo del 5% y efectos sobre la demanda aún por cuantificar.
Es importante que en el ámbito fiscal España, acompase su fiscalidad a su realidad económica teniendo en cuenta los sectores en los que es competitiva. Por esa razón las organizaciones que representan al sector agroalimentario y al consumo no consideran adecuado dejar en una posición fiscal de desventaja a sectores tan importantes como la alimentación o el comercio, frente a países con los que competimos directamente como Francia o Italia, en un intento de tratar de acercar nuestra política fiscal a la de países del Norte de Europa. Se trataría, en opinión de las organizaciones, de un error de consecuencias muy graves para el conjunto de la economía de nuestro país.
