El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendía el pasado mes de octubre en el Congreso de los Diputados que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 servirán para consolidar la recuperación económica. Durante su intervención, Montoro aseguraba que “lo más complicado ya ha pasado” y que “los recortes ya no son necesarios”. De hecho, las cuentas del Estado se definen esta vez por la vuelta al aumento del gasto público. Si entre 2010 y 2014 la inversión en obra pública se había reducido prácticamente un 64%, en 2015 ésta aumentará casi un 24% en comparación con el ejercicio precedente.
El Estado destinará un total de 12.878 M€ a inversiones reales en 2015, principalmente a infraestructuras. A pesar de que la vuelta a la senda del crecimiento es una buena noticia para las empresas que operan en el negocio constructor, esta cifra queda lejos de los más de 20.000 M€ que se desembolsaron en 2010 y 2011, por lo que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Además, no hay que obviar que el proyecto inicial de los presupuestos del pasado ejercicio contemplaba inversiones por valor de 11.870 M€, que finalmente se quedaron reducidas a 10.388 M€. Por tanto, es muy factible que el gasto previsto para el próximo año finalmente también disminuya.
Los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) acapararán casi el 80,4% de las inversiones. Fomento, como tal, desembolsará un total de 1.796,61 M€ durante 2015 (un 0,4% menos que los 1.803,35 M de este año), destinando 534 M€ a la conservación ordinaria de carreteras y una partida de 290 M€ a la conservación y reposición autovías de primera generación. A este gasto directo hay que sumar la inversión de las entidades públicas dependientes, que subirán el desembolso del organismo encabezado por la ministra Ana Pastor hasta los 8.106,5 M€ (+9,7%). Así, completarán las inversiones del Ministerio de Fomento entidades como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con 3.999 M€, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (836 M), la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) -478 M€-, Renfe Operadora (429 M€) y Enaire (523 M). Esta última compañía es la antigua Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que ha iniciado un proceso de privatización después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 4 de julio el real decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento económico. La privatización de Aena se realizará en dos etapas. Primero, se ha formado un núcleo estable de accionistas que han adquirido conjuntamente una participación del 21% de su capital. Así, Corporación Financiera Alba tiene el 8% de la entidad, mientras que Ferrovial y el fondo británico The Children’s Investment Fund cuentan con un 6,5% cada uno. Después, y tras atrasar la salida a Bolsa de la gestora aeroportuaria a los primeros meses de 2015, habrá una oferta pública de venta (OPV) para colocar en el mercado otro 28% de su accionariado. De esta forma, la entrada de capital privado ascenderá al 49% del capital , quedando el 51% restante de Enaire en manos del Estado.
Por otra parte, por lo que respecta al Magrama, el ministerio de Isabel García Tejerina invertirá de forma directa 736,57 M€, un 24,9% más que en 2014. Los organismos autónomos y las empresas públicas (las diferentes Confederaciones Hidrográficas, Acuaes, Acuamed, etc.) elevarán el desembolso total del ministerio hasta los 2.257 M€, un 33,2% más que los 1.695 M€ que se gastarán en 2014. Por último, el resto de ministerios, organismos y empresas públicas dependientes proyectan invertir 2.514 M€ el próximo año.