La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) y la consultora Antares Consulting presentaron ayer en Madrid el estudio 'Análisis del Mercado Residencial para las personas mayores en España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia: Perspectivas para el Mercado Español' , que pretende identificar las principales tendencias en el mercado residencial español, a partir del estudio de la situación actual de este sector en España y en los mercados europeos consolidados de Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia. Como objetivos específicos, el estudio pretende extraer conclusiones respecto a la evolución de los mercados; presentar el mercado de cada uno de los países objeto de estudio de manera individual para entender su funcionamiento y evolución en los últimos años; y presentar una comparación de los cinco mercados para poner en evidencia sus similitudes y diferencias. Para el análisis del mercado residencial español, Antares ha utilizado como base varios artículos publicados por la revista especializada SANImarket, que edita Publicaciones Alimarket .

Según el estudio, los principales países europeos cuentan con un modelo más eficiente en la planificación de los servicios residenciales basado en sistemas de acreditación y control de calidad y con modelos de tarifas diferenciasdas sanitarias y sociales. Muchos de los servicios residenciales en estos países están exentos de IVA (como en Alemania, Reino Unido y Suecia), mientras que en España los servicios están gravados a diferentes tipos según el tipo de empresa que lo presta. Los centros públicos y de naturaleza benéfica están exentos; los servicios contratados por las administraciones públicas tributan a un 4% y los privados a un 10%.

El informe, a lo largo de sus 213 páginas, presenta una detallada radiografía de cómo se articulan en España, Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia los sistemas de atención a la cronicidad y la Dependencia desde el punto de vista normativo, la acreditación de los servicios, la implicación del sistema de salud y de los servicios sociales, la financiación de los cuidados de larga duración, la financiación pública asumida por las distintas administraciones y desde las distintas áreas sanitaria, social, la financiación por parte del usuario y la fiscalidad de los servicios residenciales.

El estudio pone en evidencia que en otros países cuentan ya con tarifas diferenciadas sanitarias y sociales en función del tipo de atención que requiere cada residente y que se sufragan con la participación de las distintas administraciones y del propio usuario.

Asimismo, el gasto público en España destinado a cuidados de larga duración está muy por debajo del promedio de gasto de otros países de la OCDE . Este aumento progresivo de la cronicidad, la pluripatología y la dependencia asociadas plantean el reto de articular la atención de forma coordinada desde el ámbito social y sanitario, algo que en España sigue siendo una asignatura pendiente.