La multinacional Abengoa continúa su periplo para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores y evitar el concurso. Así, ha comunicado su plan oficial de viabiliad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante y además lo ha explicado a sus inversores. Se trata de un plan que tendrá dos etapas: primero espera obtener un acuerdo de viabilidad exclusivamente con los acreedores financieros que le permita amortiguar su actual situación de insolvencia antes del 28 de marzo. A partir de ahí, a lo largo del mes de abril tratará de alcanzar un acuerdo global con el resto de los acreedores , principalmente proveedores. El juez podría conceder este plazo de espera si la compañía consigue presentar antes del próximo 27 de marzo el respaldo al plan de un 60% de la deuda financiera. De momento, el plan cuenta con el respaldo del que era conocido como 'G-7' , reducido a 'G-6' después de que Banco Sabadell se desprendiera de su deuda en la compañía, y de los principales bonistas, entre los que se encuentran las entidades Attestor Capital, Centerbridge, DE Shaw Group, Elliott Management, KKR Credit, Oak Hill Advisors y Värde. Todos ellos representan el 40% de su deuda financiera.

En paralelo, Abengoa advierte en el plan de viabilidad de que "el retraso para cerrar la línea de liquidez ha provocado la cancelación o salida de proyectos específicos". En este sentido, señala que durante el periodo de cuatro meses que lleva en situación preconcursal le han revocado contratos por importe de 1.640 M€ . Asimismo, subraya que "la demora de la reestructuración financiera y la disponibilidad de nuevos bonos puede afectar a la nueva Abengoa". Según el plan, con la aplicación de dicha reestructuración que prevé sacar adelante para evitar el concurso de acreedores, el grupo reduciría su deuda corporativa en un 70% hasta los 4.923 M. El grupo ha señalado que recibirá esta semana de sus acreedores la línea de financiación para cubrir sus necesidades inmediatas de liquidez. Según el plan, recibirá una inyección de unos 1.500 M en un plazo máximo de cinco años, aportada principalmente por los bonistas. Asimismo, propone una compañía un tercio más pequeña y centrada en las actividades de ingeniería y construcción, menor consumo de capital, control de costes y mayor control del riesgo, y plantea que los actuales accionistas verán diluida su participación hasta el 5%, de manera que la familia Benjumea se quedará con una presencia que rondará el 1%. Las entidades que financien el préstamo tendrán derecho a recibir un 55% del capital social.