Cada año el Defensor del Pueblo lleva al Parlamento un informe sobre la actuación que ha desarrollado durante los últimos doce meses. Si siempre resulta interesante un repaso al extenso informe, ahora que la Ley de Dependencia hace aguas por los cuatro costados y que cada administración parece intentar arreglar las cosas por su cuenta, resulta especialmente interesante centrarse en lo que dice el Defensor del Pueblo.
Yo creo que la Ley de Dependencia ha fracasado en la creación de un sistema para la autonomía y la atención a la dependencia aunque ha triunfado en un sentido: servir de regadera de dinero del Estado para que florezcan diecisiete o diecinueve modelos de atención a la dependencia diferentes. Últimamente estoy impartiendo bastantes conferencias sobre este tema y llama mi atención cómo en algunos lugares dicen que la Ley de Dependencia está yendo bien porque en “esa” comunidad autónoma el número de ayudas o la gestión de expedientes ha mejorado. El problema es que no podemos juzgar la Ley por lo que pasa en cada comunidad autónoma sino planteándonos una pregunta: “¿hemos conseguido crear un nuevo derecho común a todos los ciudadanos que residen en España y que están en situación de dependencia?”. En la respuesta negativa, a mi entender, está el fracaso.
Siempre que digo esto en público alguien me tilda de pesimista o catastrofista por lo que a veces me llego a plantear si quizás no estoy viendo la realidad de una forma correcta, pero entonces aparecen documentos como el Informe del Defensor del Pueblo 2009 (www.defensordelpueblo.es) que me devuelve el convencimiento y las ganas de seguir intentando que la Ley de Dependencia sea un verdadero éxito.
Según este informe, el Defensor del Pueblo, no sólo ha recogido y tramitado las quejas recibidas de los ciudadanos, sino que, además, ha realizado de oficio una revisión del procedimiento que utilizan las diferentes comunidades para dar cumplimiento a la Ley. El informe se identifica con los resultados del Grupo de Expertos que encargó el Congreso de Diputados y con los informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que ya detectaban diferencias importantes en la forma de valorar la dependencia y tramitar expedientes, para después ahondar en cuestiones como la documentación y requisitos que se exigen para la redacción del PIA y el extinguido “efecto retroactivo” en diferentes comunidades.
Siguiendo con la gran dispersión, el Defensor del Pueblo detecta diferencias en el trato administrativo de los dependientes que mueren durante el procedimiento y en algunos otros aspectos.
El Defensor del Pueblo va emitiendo recomendaciones sobre cada cuestión y apunta con su dedo acusador hacia dos comunidades (la de Madrid y la Valenciana) identificándolas como aquéllas que reciben un “número considerable de quejas”.
Cuando uno acaba de leer esta parte del informe piensa: “Bueno, ahora se darán cuenta y harán algo”. Pero lo cierto es que en el fondo sabe que no va a ser así. El informe de 2009 se parece mucho al del 2008 y las cosas no han cambiado. Además, si comparamos los diferentes apartados de las 1.823 páginas que lo conforman, veremos que, a la dependencia le dedica 19 y a la lista en la que se relacionan las administraciones que han entorpecido su función, negándose a responder las peticiones que les ha hecho, 74.
Nunca he tenido demasiada fe en que el Defensor del Pueblo estatal o los autonómicos sirvan para solucionar problemas. Normalmente les veo como a Pepito Grillo, una voz de la conciencia que recuerda que estás haciendo algo mal pero que en muchas ocasiones se acaba desoyendo.
Lo cierto es que no hay un único sistema de atención a la dependencia (dígalo Agamenón o su porquero) y esto está produciendo que existan diecisiete sectores de atención a la dependencia, con diecisiete modelos, normativas, requisitos y financiaciones.
Podríamos aceptarlo y pensar que ya está bien que sea así. Yo creo que eso sería una equivocación. Estamos a tiempo de cambiarlo, pero de eso hablaremos otro día.
Josep de Martí, director de Inforesidencias
