La Fundación Alares, entidad sin ánimo de lucro creada por el grupo de servicios sociosanitarios Alares, ha analizado en un estudio el estado de aplicación de la Ley de Dependencia, bajo la enseña 'Avances y Retos en la Calidad de Vida de las Personas'. Una de las conclusiones obtenidas en este informe hace alusión a la infrautilización de determinados servicios ofertados por la normativa, sobre todo los relativos a la promoción de la autonomía y prevención de situaciones de dependencia.

Por lo que respecta al controvertido tema de las prestaciones económicas por cuidados familiares, el informe apunta que el problema de fondo de la elección mayoritaria de esta opción por parte de los ciudadanos reside en las carencias estructurales que presenta la débil oferta de servicios públicos en España. Además, el estudio augura que "en contra de sus propias pretensiones, la Ley amenaza con convertirse en una fuente de consolidación y feminización de la precariedad y la desigualdad de género en el ámbito familiar, donde los cuidados recaen de manera abrumadora sobre las mujeres".

La mencionada carestía en la oferta a la que apunta el informe incide en una necesidad de mayores requerimientos en cuanto a financiación, a fin de poder atender este nuevo derecho de la ciudadanía. Pero, al margen del aspecto financiero, el principal reto de la Ley de Dependencia estriba, siempre según el informe, en la coordinación sociosanitaria (puesto que la atención a la dependencia no sólo requiere servicios sociales sino también sanitarios) y en el trabajo coordinado entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones municipales, para que las prestaciones lleguen a ciudadano de manera precisa e individualizada.