Los administradores concursales de Quesería Menorquina han solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma una ampliación de seis meses del ERE temporal y rotatorio en vigor actualmente y que expira el próximo 9 de diciembre. La petición de la prórroga ha sido acordada entre la administración y el comité de empresa de la compañía, según diversas fuentes.

Quesería Menorquina pasó a manos de su plantilla el pasado mes de junio , cuando los trabajadores adquirieron la empresa a Nueva Rumasa por un precio simbólico de 346 €. La operación se llevó a cabo mediante la constitución de una sociedad laboral con un capital de 1.703.010 € y el mismo número de acciones (con un valor nominal de 1€), del que el 51% se repartió de forma equitativa entre tres de los directivos de la empresa, vinculados a la compañía desde antes de su venta a Kraft Foods: Jesús Esparza, director general; Manuel Vecillas, director de fabricación, y Francisco Tutzó; mientras que el restante 49% se distribuyó entre 173 de los 176 trabajadores de la compañía.

En el momento de su cambio de propiedad, diversas fuente cifraron el pasivo de la compañía en 35 M€, superior en cerca de un 40% a sus activos. No obstante, 15 M€ corresponden a la hipoteca que pesa sobre las instalaciones de la quesera y que Nueva Rumasa firmó poco después de su adquisición, deuda que la administración concursal de Quesería Menorquina negocia cancelar con el Banco Santander.

Del mismo modo, los administradores de la empresa también habrían manifestado su optimismo en cuanto a la posible firma de un nuevo contrato de suministro con la multinacional Kraft. Cabe recordar que, en el momento de su adquisición por parte de Nueva Rumasa, Quesería Menorquina firmó un acuerdo con Kraft para proveer a ésta de 2.000 t de queso con la enseña 'El Caserío'. El trato quedó anulado cuando la balear dejó de cumplir con el suministro debido a la falta de liquidez para pagar la materia prima a sus proveedores.

Nueva Rumasa se querella contra Joaquín Yvancos

Los frentes judiciales abiertos en torno a la crisis de los antiguos negocios de la familia Ruiz-Mateos parecen no tener fin. El último paso en este sentido lo ha dado la propia familia, al adoptar acciones legales contra el que fue el máximo responsable de la Asesoría Jurídica y Fiscal del Grupo Nueva Rumasa durante los últimos 27 años, Joaquín Yvancos. Según el comunicado emitido por Nueva Rumasa, después de la presentación de los concursos y siendo él abogado de éstos, el Sr. Yvancos "ha venido realizando de modo continuado diversas maniobras de chantaje, extorsión y amenazas hacia la familia, causando un perjuicio grave contra las empresas del Grupo". Este hecho ha provocado que se hayan presentado denuncia ante la Policía, ante el Colegio de Abogados de Madrid por violar de forma grave las normas del código deontológico, así como una querella criminal presentada ante el Juzgado de Madrid el pasado 11 de Noviembre de 2011.