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Nueva preocupación para Naviera Armas: la CNMC inicia expediente sancionador

Nueva preocupación para Naviera Armas: la CNMC inicia expediente sancionador

Más problemas para el grupo naviero Armas Trasmediterránea. Apenas un mes después de la aprobación de su proceso de reestructuración financiera y la toma de control por parte de vehículos de inversión asesorados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Bahía de las Isletas, matriz del holding, por incumplir, supuestamente, los compromisos que asumió al comprar Transmediterránea en el ejercicio 2018. Entonces, se señalaba que esta operación creaba un monopolio en el tráfico marítimo de pasajeros en la ruta entre la Península y Canarias, y, además, planteaba riesgos para la competencia en el transporte marítimo de carga y pasajeros en las rutas entre el Sur de la Península y Melilla e interinsular canario, ya que desaparecía un competidor relevante.

Los compromisos presentados por Naviera Armas solventaban estos problemas de competencia, ya que permitían que una tercera compañía (FRS) comenzara a prestar servicios de transporte marítimo de pasajeros y carga en las rutas donde estaba presente Naviera Armas (Motril-Melilla y Huelva-Canarias, una ruta circular que le permitiría prestar tráfico interinsular). Para ello, estaba previsto que Naviera Armas y FRS firmaran contratos de fletamento de tres años de duración (prorrogables por un año) y una serie de obligaciones que permitirían que FRS operara de manera eficaz en esas rutas: cesión de uso de amarres, sistema de expedición de billetes, abstención de uso de marca y comunicación a clientes. Además, para garantizar la eficacia de estos contratos, se incluyeron cláusulas que obligaban a informar a la CNMC e impedían modificar las condiciones sin autorización previa.

Tal y como señala el organismo, el 13 de septiembre de 2023, la CNMC declaró que Naviera Armas había incumplido parte de los compromisos aceptados en 2018. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.



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