El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano de interlocución del sector ante las Administraciones públicas, ha emitido un comunicado en el que rechaza la imposición del uso obligatorio de tramos de autopista de peaje para transporte pesado. Esta medida se incluye en un proyecto que actualmente prepara el Ministerio de Fomento para su puesta en marcha, en teoría con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

El comunicado, acordado por unanimidad, indica textualmente: “El Comité Nacional manifiesta su compromiso irrenunciable con la seguridad vial. Si bien, es preciso hacerlo compatible con la eficiencia del transporte por carretera y unos costes soportables para la actividad. En atención a ese doble objetivo, se pronuncia a favor de la medida propuesta, siempre con carácter optativo, no por imposición, y por un periodo experimental de seis meses u, otro periodo semejante, en determinados tramos. Esta medida debe estar vinculada a la eliminación de restricciones de tráfico y a la estabilidad en el coste de uso de las infraestructuras. En cualquier caso, los objetivos de seguridad vial pasan inexorablemente por la mejora de las infraestructuras, sin tal mejora, todos los demás esfuerzos serán baldíos”.

Según la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), principal asociación integrada en el CNTC, el traslado de tráfico a las autopistas de peaje implicaría una bonificación de entre el 35 y el 50%. Desde el CETM se propone realizar un minucioso estudio de este proyecto de Fomento, en el que se analice en profundidad aspectos como el cálculo de la intensidad media de diaria (IMD) del tráfico de camiones en los tramos a prohibir, identificación de infraestructuras inadecuadas e insuficientes y su correspondiente subsanación, eliminación de puntos negros y cuellos de botella, reducción de las restricciones al tráfico de camiones, construcción de áreas de servicio adecuadas, mantenimiento de los descuentos, periodos de prueba, etc.

El proyecto de Fomento coincide con que, desde el año pasado, el Gobierno intenta llevar a cabo un plan de rescate financiero de un grupo de autopistas, principalmente concesionarias de las radiales de Madrid. Esta situación ha levantado susceptibilidades y manifestaciones de quejas dentro del sector transporte, vinculando las dos cuestiones.