El próximo mes de abril se cumplirán dos años desde la aprobación de la Directiva europea 2022/542, que actualizaba la normativa de aplicación del IVA, y que permite a los Estados Miembros fijar un tipo reducido inferior al mínimo del 5 % y una exención con derecho a productos y servicios básicos como son los productos sanitarios.

Han sido dos años de espera, sin ningún movimiento hasta el momento para rebajar la presión fiscal del sector sanitario, considerado esencial y de primera necesidad, y que no es ajeno a la problemática logística, ni al incremento en costes energéticos, de transporte o de materias primas, ni a la inflación, que está afectando tan duramente al conjunto de la industria española. Seguimos tributando al tipo general del 21 % en la mayor parte del equipamiento médico y sanitario, a excepción del destinado a la atención a la discapacidad, que sí está sujeto al 10 %. Otros países como Italia, Francia, Portugal, Alemania, Polonia u Holanda ya están aplicando tipos reducidos entre el 4 % y el 9 % de IVA en sus dispositivos médicos y sanitarios, lo que está generando desigualdad y una situación desfavorable de nuestro país, en el conjunto de la Unión Europea. En España solo los medicamentos mantienen un tipo superreducido del 4 %, junto a productos farmacéuticos para uso del consumidor final (gasas, vendas, etc.) que, al igual que los equipamientos para atención a la discapacidad, aplican el 10 %.

Quiero recalcar que dicha reforma de abril de 2022 no solo categorizaba a “equipos, aparatos, dispositivos, artículos médicos, material auxiliar y equipos de protección” como bienes básicos, sino que precisamente ampliaba el perímetro de reducción del IVA de estos productos a la atención sanitaria en general.

El avance de la competitividad del sector sanitario condiciona el acceso universal del paciente a la mejor tecnología sanitaria, que es la que permite diagnosticar, tratar y curar enfermedades. Una bajada de la presión fiscal ayudaría al sistema sanitario público a liberar recursos para acometer grandes medidas estructurales como reducir las listas de espera, invertir en tecnología puntera, renovar equipamientos obsoletos y lograr la equidad territorial en servicios, con especial incidencia en la población más vulnerable.

La alta fiscalidad vigente podría incluso estar mermando el aprovechamiento real de los fondos europeos, asignados al Plan Inveat, que maneja 796 millones de euros para transformar el sistema sanitario público español y mejorar la situación de obsolescencia del parque de equipos médicos instalados.

En un contexto en que el sector sanitario privado está llamado a atender a mayor número de pacientes, por el incremento del aseguramiento y por los conciertos de colaboración público-privada, resulta imprescindible que los gobiernos tomen las medidas económicas y fiscales que permitan una reinversión en innovación tecnológica y sanitaria. La sostenibilidad del sistema sanitario español, especialmente en periodos de déficit público, depende de que el sector privado mantenga su fortaleza y nivel de inversión en tecnologías de nueva generación, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a actividades diagnósticas o terapéuticas de alta complejidad.

Esta renovación del equipamiento tecnológico mejorará también la atención y tratamiento de pacientes crónicos, con monitorizaciones domiciliarias, por ejemplo, contribuyendo a destensar la atención primaria y hospitalaria. En España hay actualmente en torno a 20 M de personas con patologías crónicas, que no solo afectan a las personas de edad más avanzada, ya que se estima que un 19 % de la población infantil menor de 15 años tiene alguna patología crónica-.

Frente al argumento de que una bajada del tipo de IVA genera una reducción en los ingresos de la hacienda pública, hay que tener en cuenta que una bajada de la reducción de la actividad económica y del tejido empresarial de la industria sanitaria tendría un impacto mucho mayor a largo plazo. No hay que olvidar, además, que el sistema público de salud es el principal comprador de equipos y productos sanitarios, por lo que ese ahorro fiscal sería como pasar recursos de una cesta a otra, siendo siempre el paciente el principal beneficiado.