Todos los componentes de la cadena agroalimentaria nacional han solicitado al Gobierno presentar un recurso de insconstitucionalidad contral el impuesto catalán a las bebidas azucaradas. Para ello, han encargado al despacho de abogados Uría y Menéndez un informe técnico que lo argumente. Según dicho informe, el impuesto catalán vulnera la libre circulación de mercancías, la unidad de mercado y el principio de igualdad y no discriminación.
Además, la medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distibución. También presenta similitudes con el IVA, por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o doble imposición.
Estas organizaciones han presentado al Presidente del Gobierno el infome jurídico cuándo está a punto de concluir el plazo de 3 meses para recurrir la norma autonómica, publicada el pasado 30 de marzo de 2017. El Gobierno catalán, que ya ha comenzado a aplicar la medida, espera recaudar con ella unos 40 M€. De cara al consumidor su entrada en vigor puede suponer subidas de precio por litro de entre el 10%, en el caso de las marcas de fabricante, hasta el 50%, en las marcas de la distribución, que serían las más perjudicadas.
Aurelio del Pino, presidente de Aces, ha destacado que el impuesto catalán introduce un precedente distorsionador en el mercado y genera un problema estatal: "Estamos teniendo problemas en la distribución y se están produciendo supuestos de ruptura en el mercado", afirma refiriéndose a la extraterritorialidad. Las empresas necesitan seguridad jurídica para operar, y el reglamento de aplicación del impuesto aún no se ha redactado".
También desde Fiab resaltan cómo "la evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas sobre alimentos y bebidas es contadictoria y limitada. La excusa de la salud no tiene razón de ser ya que no se puede confirmar, por lo que cabe pensar en un evidente fin recaudatorio. Respecto a la propuesta del Gobierno central de aplicar un impuesto similar de ámbito nacional, fuentes de Fiab han señalado que a corto plazo les consta que no salga adelante. Impuestos similares ya se están aplicando en países vecinos como Portugal, Francia y Reino Unido, sin concoer aún el impacto económico y social, si bien, en otros casos como el de Dinamarca fue retirado por los efectos negativos que tuvo sobre la producción, el consumo y el empleo.
Las organizaciones firmantes, ASAJA, COAG, UPA, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, FIAB, PROMARCA, AECOC, ANGED, ASEDAS, ACES, FEHR y MARCAS DE RESTAURACIÓN, suponen más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 M de personas, casi el 30% del empleo total del país.
