Los elaboradores de cava en regiones fuera de Cataluña están reclamando al Ministerio de Agricultura que no acepte la limitación de la superficie de viñedos para la producción de cava que quiere imponer el Consejo Regulador de la DOC Cava para los próximos tres años (de máximo 0,1 ha más cada campaña).

En estos momentos, la DO Cava suma unas 36.000 hectáreas, más del 80% situadas en Cataluña, un 10% en Requena (Valencia) y el resto en Almendralejo (Badajoz) y algunos municipios de La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón.

Apag Extremadura Asaja denuncia que la decisión de limitar las nuevas plantaciones sólo beneficia a los elaboradores catalanes y que perjudica en cambio a regiones donde el espumoso está en fase de crecimiento, como Extremadura, donde se esperaba incrementar la superficie de viñedo en 1.400 ha.

En concreto, estima que las ventas de cava extremeño han crecido notablemente, desde las 76.000 botellas que se elaboraban en la década de los 80 hasta cerca de 5 M ud actualmente, y con previsiones de alcanzar los 6 M una vez concluida la campaña de Navidad, en torno al 25% con destino a mercados internacionales.

Así, los elaboradores extremeños lamentan que la prohibición de nuevas plantaciones les impida atender un posible incremento de la demanda de cavas e incluso congele proyectos inversores en marcha.

En la misma línea se pronuncian los productores valencianos de cava (ocho bodegas situadas en Requena). La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena estimaba un incremento de las ventas del 15% esta campaña, hasta superar los 7 M de botellas.

La principal preocupación son las inversiones que los viticultores ya tienen en marcha para la reconversión de viñedos (segun cifras de la Consellería, unas 1.500 ha) y los bodegueros para ampliaciones de capacidad ante un previsible incremento de los volúmenes productivos. Un montante que podría situarse en torno a los 20 M€.

Por su parte, el Consejo Regulador de la DO Cava justifica su decisión en sendos estudios encargados a la Politécnica de la Rioja y la Roviri i Virgil de Tarragona, que sostienen que un crecimiento desmesurado de nuevas plantaciones pondría en peligro la estabilidad de precios.

La decisión final está en manos del Ministerio de Agricultura, que la dará a conocer antes del 15 de diciembre.