Tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar el encarecimiento de los precios de los alimentos, el sector pesquero en bloque (Anfaco, Apromar, Cepesca, Conxemar, Fedepesca, Fenamar, Anvi y Fed. Nac. Cofradías de Pescadores) ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que reconsidere urgentemente su decisión de no reducir el IVA de los productos pesqueros, actualmente gravados con un 10%, en lugar de con un 4%.
En su misiva, representantes de la pesca, acuicultura, transformación y comercialización trasladan la profunda decepción que ha creado en toda la cadena de valor, en la que trabajan más de 120.000 personas, desaprovechar la ocasión de incentivar el consumo de un alimento de tan alta calidad nutricional y sostenible en la dieta de los españoles.
A juicio del sector, la no consideración de los productos pesqueros como un alimento básico, a pesar de que el propio Ministerio de Consumo recomienda su consumo tres veces por semana, se traduce en la segregación de proteínas de alta calidad nutricional en la dieta de amplias capas de población, las más desfavorecidas en el contexto inflacionario actual, y acarreará a medio plazo graves perjuicios de salud. En este sentido, el sector enumera algunos de los problemas derivados de una dieta alimenticia de mala calidad, en especial el de la obesidad.
Según los datos aportados por el sector en su carta a la Moncloa, las enfermedades relacionadas con la mala alimentación cuestan 14.000 M€ anuales al Sistema Nacional de Salud, que representa casi un 20% del total del gasto sanitario. Frente a estas cifras, y según los cálculos del sector, la reducción del IVA de los productos pesqueros que se solicita supondría menos de 500 M de reducción de ingresos para el Estado.
Las organizaciones firmantes recuerdan que han sido numerosas las ocasiones en que han solicitado la rebaja del impuesto. Igualmente, en esas solicitudes han ofrecido datos y estudios del tipo impositivo en otros países europeos en los que se gravan al 0% o al 5% y cómo en Europa se habla ya de una fiscalidad saludable.
Asimismo, en los hogares españoles el consumo de pescado ha disminuido un 25% desde 2008, por lo que el sector no entiende que el Ejecutivo no muestre su carácter social, apoyando el consumo de unos productos indispensables para la salud. El sector también apunta que los hogares conformados por parejas con niños pequeños sólo consumen 9,71 kg de productos pesqueros por persona y año, menos de la mitad de la media del consumo en España. Las parejas con hijos de edad media se quedan en 14,80 kg al año.
Por todo esto, la reducción del IVA de los productos pesqueros también ayudaría a fortalecer al sector, líder en la UE, concluyen en su comunicado.
La industria del congelado habla de agravio comparativo e incoherencia
Del mismo modo, las empresas de alimentos congelados asociadas a Frozen España han emitido un comunicado manifestando el rechazo unánime al no considerar el Gobierno a los congelados como alimentos de primera necesidad pese a serlo, ya que tanto los productos cárnicos como los productos del mar y sus derivados, forman parte de la alimentación básica de la población, siendo el frío el mejor conservante natural manteniendo todas las propiedades de los alimentos desde su origen hasta los hogares.
Hay que recordar que el tipo impositivo actual para estos productos se sitúa en un 10%. El haber reducido este gravamen habría afectado de manera muy positiva a los actuales sobrecostes que está soportando la industria ya que el dato de inflación, aunque se ha reducido sigue siendo muy elevado ante un complejo contexto económico, explican en su nota. Esto supone un tremendo agravio comparativo, además, de una total falta de coherencia ante la recomendación de los nutricionistas, que basan sus exposiciones en una dieta sana y equilibrada.
A todo esto, hay que sumar el nuevo impuesto al plástico que supondrá un freno más para las empresas ya que puede ralentizar las inversiones que estas tenían previstas realizar a lo largo de este año. Se estima que este gravamen tendrá un impacto directo en las empresas del sector del gran consumo de 690 M€. Un gravamen, que desde el resto de países comunitarios han pospuesto para no dañar la economía de los países en cuestión. A su vez, cambia la legislación en cuanto a los carburantes y los pequeños distribuidores una vez más se verán afectados por la falta de paridad entre el transporte profesional y el transporte privado complementario.
“Todas estas medidas suponen un importante varapalo para muchos de los fabricantes y distribuidores de productos congelados porque ya se está haciendo un enorme esfuerzo para no repercutir los costes a los consumidores finales. Si esto sigue así no podemos poner remedio a la subida de precios”, concluye Alberto Bueno, gerente de Frozen España.
