La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 9,3 M€ a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares por declararse acreditada una infracción de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. En concreto, la CNMC considera acreditadas las prácticas anticompetitivas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes , así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados en el mercado español de la fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares, que son estructuras prefabricadas que se utilizan, de forma individual o combinada, como estancias temporales o permanentes para distintos servicios. Junto a su uso tradicional por empresas constructoras como oficinas o vestuarios temporales situados a pie de obra, en la actualidad el uso de las construcciones modulares se ha extendido a otros servicios, sirviendo como estructuras destinadas a colegios, almacenes, hospitales, oficinas, hoteles u otros alojamientos, al ofrecer una mayor flexibilidad al usuario, un periodo de instalación inferior y la posibilidad de reutilizarlas en otros lugares y para finalidades distintas de las inicialmente previstas.
Las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas Comunidades Autónomas, agrupadas en las zonas de Levante, Sur, Cataluña y Centro-Norte. En particular, tienen especial importancia los acuerdos anticompetitivos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas (colegios e institutos públicos) en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia , aunque las conductas ilícitas sancionadas también alcanzaron a otras licitaciones públicas y privadas. El expediente sancionador se inició en 2013, tras presentar una de las empresas participantes en este cártel una solicitud de clemencia, y en diciembre de 2014 se decidió ampliar la incoación tras las inspecciones realizadas en las sedes de algunas de las empresas participantes en dicho cártel. La mayor sanción, por importe de 8,56 M, es la impuesta Dragados (ACS), seguida de Algeco, que ha sido multada con 1,59 M , aunque no le será impuesta por acogerse al programa de clemencia. El resto de las empresas sancionadas son Alquibalat, con una multa de 461.847 €, que se ven reducidos en un 30% por el programa de clemencia; Renta de Maquinaria, con 340.868 €; ABC Arquitectura Modular (144.241 €); Arlan (90.475 €) y Alquileres Barceló Sáez (43.487 €).
