La Declaración Responsable se implantó en España en el año 2012 con la entrada en vigor del Real Decreto ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, destinado a la actividad comercial y oficinas con límites de superficie y del régimen de obras a ejecutar. Posteriormente la Comunidad de Madrid amplió su ámbito de aplicación, fundamentalmente en el régimen de obras.

Supuso un cambio radical en la consecución de las autorizaciones “licencias” para la ejecución de las obras y el ejercicio de actividades, esencialmente debido a que la actuación de la Administración pasó a ser posterior y no previa, como había venido siendo hasta la fecha.

Esta eliminación de la supervisión previa provocó un gran recelo entre los distintos actores del proceso productivo, los Ayuntamientos y una parte de la opinión pública que se plasmaba en la creencia de que esto suponía una rebaja en las exigencias a los promotores y que se iban a disparar los casos de infracciones urbanísticas.

Sin embargo, los requisitos legales no solo no cambiaron, sino que incluso se han ido endureciendo, y el hecho de que haya una persona firmante de la Declaración Responsable hace que el compromiso por el cumplimiento sea mayor, no pudiendo excusarse en el desconocimiento normativo.

Después de ocho años funcionando, se aprecian los efectos positivos de la medida, como son la reducción de plazos y burocracia y la garantía legal para la apertura de las actividades. Hoy en día se puede decir que un negocio de distribución sabe perfectamente el día que va a poder abrir, con las implicaciones económicas que esto supone.

Como ejemplo de éxito de este sistema está el centro comercial Plaza Río 2, un complejo proyecto situado junto al río Manzanares, que ha conseguido la apertura del centro junto con todos los comercios en los plazos previstos.

Estos logros conseguidos se deben en gran medida a la figura de las ECUS, Entidades Colaboradoras Urbanísticas con el Ayuntamiento de Madrid, que comenzaron su andadura en abril del 2010. Su objetivo es la verificación del cumplimiento normativo de los proyectos para la implantación de actividades y obras, emitiendo un certificado de conformidad que es similar a la licencia.

Se ha conseguido una comunicación directa y profesional de estas entidades con los técnicos que trabajan para la propiedad, consiguiendo así unos plazos muy reducidos que se cuentan por semanas, dejando atrás los meses y años de demora que se sufrían con la Administración Pública.

Han sido muchas las actividades que se han implantado en la ciudad de Madrid, fundamentalmente en el campo de la distribución alimentaria, desde pequeños comercios hasta grandes superficies. Prácticamente la totalidad de éstas se tramitan por Declaración Responsable, pudiendo el cliente, si así lo decide, iniciar y finalizar la gestión a través de una ECU, incluyendo la visita final de comprobación.

Los pasos seguidos en la capital se empiezan a expandir por el resto de España: en Galicia ya existe la figura de la ECCOM de características similares a la ECU y en la Comunidad de Madrid se espera su implantación con la aprobación de la nueva Ley del Suelo.