La CNMC ha sancionado con 61,28 M€ a 12 empresas por poner en marcha un cártel para la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) entre 2014 y 2018. Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento de Infraestructuras (y solidariamente su matriz Acciona), Aceinsa Movilidad, Alvac, API Movilidad (y solidariamente su matriz ACS), Audeca (y solidariamente su matriz Elecnor), Copasa, Elsamex, Elsan (y solidariamente su matriz Obrascón Huarte Laín), Ferroser Infraestructras (y solidariamente su matriz Ferrovial Servicios), Innovia Coptalia (y solidariamente su matriz Copcisa Corp), Mantenimiento de Infraestructuras (y solidariamente su matriz Fomento de Construcciones y Contratas) y Sacyr Conservación (y solidariamente su matriz Sacyr).

El cártel establecía periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.

De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo. Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura. Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación. El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección.

La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento en este ámbito. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 M€, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

Como consecuencia de la infracción acreditada constitutiva de cártel, la CNMC ha impuesto las siguientes multas:

Además, se aplica la prohibición de contratar a las empresas participantes en el cártel. Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50% de la multa al haber aportado elementos de prueba que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel. Además, tampoco se ha incluido a Aceinsa en la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Las grandes recurrirán la sentencia

Las grandes constructoras afectadas ya han anunciado su intención de recurrir la multa y la sanción. Las filiales de las seis grandes (ACS, Ferrovial, Acciona, OHL, FCC y Sacyr), todas ellas sancionadas, junto a otras empresas acudirán al contencioso administrativo para recurrir esta resolución, que consideran basada en “especulaciones”. Las constructoras rechazan haber formado parte de este cártel.