El 28 de febrero de 2026 venció el plazo para que las empresas con centros de trabajo en zonas de actuación prioritaria instalen los medidores de gas radón. Un paso imprescindible para que las mediciones puedan completarse antes del 31 de mayo, tal como establece el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El radón es un gas radiactivo que puede acumularse silenciosamente en plantas bajas, sótanos y espacios subterráneos, afectando oficinas, comercios, laboratorios, gimnasios, aparcamientos subterráneos y espacios turísticos como minas o cuevas, así como centros que manipulen aguas subterráneas, incluyendo balnearios y actividades termales. La Organización Mundial de la Salud lo considera la segunda causa principal de cáncer de pulmón tras el tabaco. En España, provoca hasta 1.500 muertes cada año y afecta a unos 4.000 municipios, de los cuales 1.700 son de actuación prioritaria.

La urgencia de la medición no es casual. La Instrucción IS-47 del CSN establece que los detectores deben permanecer instalados durante un año natural, descontando cierres, o como mínimo tres meses dentro del periodo de mayor concentración, entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, evitando que coincida con el cierre del centro. Un plazo que obliga a actuar ahora para que los resultados sean fiables y representativos.

El número de medidores depende del tamaño y distribución del centro de trabajo. Como norma general, es recomendable colocar al menos uno por zona, y en instalaciones de menos de 200m², un mínimo de dos para asegurar mediciones representativas. Tras la medición, los resultados deben analizarse en laboratorios acreditados según la normativa de la Asociación Española de Normalización (UNE) y documentarse en el plan de prevención de riesgos y en la seguridad laboral de la empresa.

Una vez conocidos los niveles de radón, la acción debe ser proporcional. Si superan los 300 Bq/m³, será necesario instalar barreras continuas o sistemas de despresurización del terreno; si son inferiores, pueden aplicarse medidas más sencillas como reforzar la ventilación o sellar grietas y puntos de entrada, siempre en línea con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Además, la seguridad no termina con la primera medición. Los controles deberían repetirse cada cinco años si los valores se mantienen bajos, o tras cualquier obra que pueda alterar la concentración de radón, como reformas o ampliaciones, volviendo a medir en un plazo máximo de seis meses desde que terminen los trabajos. Y no menos importante, los trabajadores deben conocer la duración de la medición, la interpretación de los resultados y las medidas preventivas a adoptar según los niveles de radón detectados, así como el impacto de este gas sobre la salud.

El gas radón es invisible, silencioso y peligroso. Pero podemos adelantarnos a él con planificación, vigilancia y acciones técnicas bien ejecutadas. Actuar ahora garantiza resultados fiables y protege la salud de quienes trabajan en edificios bajo riesgo. Medir y controlar el radón no es solo un requisito legal, sino una obligación moral y sanitaria para proteger a nuestros trabajadores que no puede esperar.