Hace unos años, en una operación de compra de una constructora española que se había internacionalizado con éxito en Latinoamérica, el propietario que vendía nos decía una frase que se me ha quedado grabada desde entonces: Europa está construida, lo que hay que hacer es mantenerla.

Más allá de que en Europa puedan quedar todavía muchas infraestructuras por desarrollar, lo cierto es que en el debate público sobre infraestructuras, el foco suele centrarse en la construcción de nuevos activos: líneas de alta velocidad, autopistas o aeropuertos. Sin embargo, desde una perspectiva económica y financiera, la verdadera cuestión estratégica no es cuánto se construye, sino cómo se conserva lo que ya se ha construido.

Por eso, la inversión en mantenimiento de infraestructuras constituye, hoy más que nunca, una cuestión de Estado. En primer lugar, conviene recordar que el stock de infraestructuras constituye uno de los principales activos productivos de un país. España, por ejemplo, ha realizado un enorme esfuerzo inversor desde los años noventa, situándose entre los países europeos con mayor dotación de autovías y alta velocidad. No obstante, ese esfuerzo ha sido históricamente más intensivo en expansión que en conservación, generando un desequilibrio que empieza a aflorar. Como cualquier activo, su valor depende no solo de su construcción, sino de su mantenimiento a lo largo del tiempo. Cuando este se descuida, el deterioro no es lineal, sino exponencial, y los costes de reposición se multiplican.

Los datos son elocuentes. Según estimaciones recientes, el déficit acumulado de inversión en infraestructuras de transporte en España alcanza los 150.000 M€. Esta brecha no responde únicamente a falta de recursos, sino a una asignación ineficiente: se ha priorizado la construcción de nuevos activos frente al mantenimiento de los existentes.

En segundo lugar, desde el punto de vista financiero, este enfoque es subóptimo. El mantenimiento debe entenderse como una inversión que preserva el valor de un activo y evita costes futuros exponencialmente mayores. Diferir el mantenimiento equivale, en términos económicos, a aceptar una depreciación acelerada del capital público.

Este principio, ampliamente aceptado en el ámbito financiero, está sólidamente respaldado por la evidencia institucional europea. Según la Comisión Europea, a través del Rail Market Monitoring Scheme (RMMS), el mantenimiento y la renovación representan aproximadamente el 50% del gasto total en infraestructuras ferroviarias en la Unión Europea. Es decir, en las economías avanzadas, conservar es tan importante como construir.

España ha incrementado el gasto en mantenimiento hasta aproximadamente 1.120 M€ anuales, un 54% más que en 2018. Sin embargo, este esfuerzo sigue siendo insuficiente en términos relativos. Según la Comisión Europea, el país destina alrededor de 95.860 € por kilómetro de red, frente a una media comunitaria de 191.090 €. Es decir, España invierte aproximadamente la mitad que la media de la Unión Europea en conservar su infraestructura ferroviaria.

La comparación con países líderes es aún más reveladora. Francia e Italia destinan entre 3.500 y 5.500 M€ anuales al mantenimiento de sus redes ferroviarias, triplicando el esfuerzo español. Este diferencial no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la seguridad, la puntualidad y la competitividad económica. Pero el problema no se limita al ferrocarril. En carreteras, agua o infraestructuras urbanas, el patrón es similar, existe una infrafinanciación estructural del mantenimiento frente a un legado de activos cada vez más extenso y envejecido.

Y en tercer lugar, desde la óptica de mercado, el mantenimiento de las infraestructuras existentes también es un indicador de madurez económica. Las economías avanzadas tienden a destinar una mayor proporción de recursos a la gestión eficiente de activos existentes, mientras que las economías en desarrollo priorizan la expansión. España, pese a su nivel de desarrollo, mantiene aún rasgos de este segundo modelo.

Además, el contexto actual introduce nuevas variables. La transición energética, la digitalización y el cambio climático están elevando las exigencias sobre las infraestructuras existentes. No basta con mantenerlas, se hace necesario modernizarlas. El avance de las energías renovables en España, por ejemplo, ha demostrado cómo una infraestructura crítica como lo es la red de transporte y distribución eléctrica, que hasta ahora era la envidia en Europa, necesita adaptarse y modernizarse para poder asimilar nuevas tecnologías de generación eléctrica. El mantenimiento ya no es simplemente correctivo, sino también adaptativo.

Todo esto abre una oportunidad relevante para la colaboración público-privada. El mantenimiento de infraestructuras, por su naturaleza recurrente y predecible, es especialmente adecuado para esquemas de financiación estructurada y contratos a largo plazo. Sin embargo, para atraer capital privado es imprescindible contar con marcos regulatorios estables y una planificación creíble.

La alternativa que representa el posponer el mantenimiento tiene consecuencias conocidas. El deterioro de las infraestructuras se traduce en menor calidad de servicio, mayores costes operativos, riesgos de seguridad y, en última instancia, pérdida de competitividad económica. En términos financieros, supone trasladar costes al futuro con un recargo significativo.

Desde la perspectiva de un inversor institucional, la conclusión es clara: el mantenimiento debe considerarse una prioridad estratégica, equiparable a la defensa o la sanidad. No se trata únicamente de preservar activos físicos, sino de garantizar la resiliencia económica, porque las infraestructuras son el soporte invisible de la productividad, la cohesión territorial y la actividad empresarial.

La inversión en mantenimiento de infraestructuras no puede ser una cuestión política, sino una cuestión técnica y presupuestaria. La clave no debe ser sólo si invertir más o menos, sino invertir mejor. Y en ese equilibrio, el mantenimiento deja de ser una partida secundaria para convertirse en el verdadero termómetro de la calidad de la política económica.

En definitiva, la inversión en mantenimiento requiere visión a largo plazo, disciplina fiscal y una correcta evaluación del retorno económico y social. Los países que comprendan esta realidad estarán mejor posicionados para afrontar los desafíos del siglo XXI. Los que no, se enfrentan a un deterioro silencioso cuyo coste acaba siendo, inevitablemente, mucho mayor.

Rafael Castillo, Socio de Banca de Inversión en el área de Energía e Infraestructuras de Arcano Partners