El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que tiene como principales objetivos la construcción de vivienda pública asequible y protegida de manera permanente y la lucha contra la especulación para proteger el carácter social de la vivienda, como ha defendido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
El principal objetivo de este plan es ampliar el parque público de vivienda, pero también mejorar el que ya existe en ámbitos como la eficiencia energética y la accesibilidad. El plan pretende, igualmente, rebajar la edad de emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo de las familias en el alquiler y en la cuota hipotecaria, revertir la situación en las zonas más tensionadas y atender al mundo rural. Los tres ejes de acción para alcanzar esos objetivos serán construir más vivienda pública, rehabilitar y movilizar el parque actual e incrementar las ayudas para las personas con más dificultades para acceder a la vivienda.
El plan está dotado con 7.000 M€, lo que supone triplicar la inversión inicial del anterior en las políticas de corresponsabilidad con las comunidades autónomas (el Gobierno aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante). El 40% de la inversión debe destinarse a ampliar la oferta del parque público, ya sea a través de la construcción o de la adquisición de nuevas viviendas para conformar ese parque de vivienda pública a precios asequibles. La rehabilitación absorberá el 30% de los fondos, y el restante 30% se dedicará a las ayudas para las personas que lo precisen.
El plan, según ha apuntado la ministra, es fruto del diálogo y la colaboración: el ministerio ha mantenido más de 48 encuentros con las comunidades autónomas para conformar la redacción final del texto, que también incorpora buena parte de las 400 aportaciones realizadas por el sector. Además, es la primera vez que el Consejo de Estado estudia un plan estatal de vivienda, en su condición de reglamento que desarrolla la Ley de Vivienda. "Las comunidades autónomas tienen en sus estatutos encomendada la política exclusiva en materia de vivienda, nosotros lo que hacemos es inspirarla, dirigirla, potenciarla, en definitiva, dar la respuesta que precisa nuestro país", ha indicado Rodríguez.
Entre las novedades del plan, la ministra de Vivienda ha remarcado la garantía del blindaje del parque público que se construya o adquiera con estos recursos de la Administración General del Estado. "La sociedad española no está dispuesta a que, de nuevo, con el dinero de todos se enriquezcan unos pocos, y otros se queden sin casas", ha sostenido. Además, con el fin de extremar los controles, el plan incorpora una "cláusula antifraude" para asegurar que las viviendas de protección oficial beneficien a las personas que las necesitan. El plan blinda tanto los controles de los registros de demandantes de viviendas como la transparencia en la adjudicación de las mismas.
El plan también establece que las administraciones tendrán que compartir los datos en materia de vivienda e informar de ellos a la ciudadanía y los medios de comunicación. Además, el Consejo Asesor de Vivienda analizará de manera anual el cumplimiento efectivo del plan, lo que, a juicio de la ministra, facilitará que llegue a los lugares y los colectivos que más lo necesitan, "y no a lo que resulte más fácil desde el punto de la vista de la gestión o de la inquietud ideológica de cada uno de los gobiernos autonómicos".
Isabel Rodríguez ha detallado que el plan incrementa de manera notable las ayudas para promover la construcción del parque público de vivienda, incorporando elementos como las técnicas de industrialización y la atención de las zonas tensionadas. También crecen las ayudas para la rehabilitación, un ámbito al que se incorpora la conservación del valor patrimonial de viviendas que, de otro modo, terminarían siendo abandonadas. La ministra ha destacado las ayudas dirigidas a los jóvenes, de hasta 300 € en el caso del alquiler y de hasta 15.000 € para los jóvenes que construyan o adquieran su primera vivienda en una zona rural con un máximo de 20.000 habitantes.
Respecto al calendario del plan, Isabel Rodríguez ha explicado que la próxima semana comenzarán las reuniones técnicas para su implementación en el territorio. El Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que el plan pueda estar desplegándose en el segundo semestre de este año, con la asunción por parte de la Administración General del Estado de todo el esfuerzo en esta anualidad para facilitar su puesta en marcha. "El Gobierno de España cumplen con este plan, y yo espero también el compromiso y la lealtad del resto de las administraciones", ha concluido.
APCEspaña valora positivamente el nuevo plan
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), entidad que reúne a más de 3.000 empresa promotoras y constructoras, considera que el nuevo plan "es un primer paso para aportar soluciones efectivas que permitan ampliar el parque de viviendas de protección oficial en España". No obstante, desde la patronal se muestran cautelosos, ya que "es preciso esperar a ver cómo se materializan los convenios con las Comunidades Autónomas, elemento clave para la ejecución de este plan, para poder valorar su alcance real".
"Valoramos positivamente que el Gobierno haya incrementado la dotación presupuestaria del Plan con respecto a los anteriores, algo que desde APCEspaña venimos reclamando hace años y que debe mantenerse en los sucesivos planes estatales para que sean realmente efectivos", señalan. "También queremos destacar que el Plan incluye una de las reivindicaciones de APCEspaña como es la incorporación de ayudas para financiar la urbanización, una medida muy necesaria para poder hacer viables aquellos proyectos que requieren de desarrollo urbanístico". "Igualmente valoramos positivamente que se hayan recuperado las ayudas a la construcción en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, otra de las demandas de APCEspaña que creemos imprescindible para ampliar el parque de vivienda en España, especialmente asequible y protegida, y mejorar la accesibilidad".
No obstante, desde APCEspaña insisten en "la necesidad de seguir habilitando suelo para la construcción de vivienda asequible y de protección oficial, tanto para promotores públicos como privados", además de insistir en la "necesidad urgente de modificar la regulación urbanística en nuestro país, que dificulta -e incluso paraliza- desarrollos urbanísticos una media de 16 años, planeamientos que contemplan la construcción tanto de vivienda libre como de vivienda asequible y protegida". Para la patronal, "el verdadero reto está en recuperar la seguridad jurídica e impulsar políticas de vivienda que activen el desarrollo de suelo, que reduzcan las trabas administrativas que intervienen en el proceso de promoción y que permitan aumentar de forma sostenida la producción en todo el territorio para acabar con el actual déficit de vivienda".
