Un total de 22.000 empresas andaluzas adscritas al sector de las instalaciones aseguran que se pasarán a la economía sumergida si la administración andaluza no toma medidas "urgentes y contundentes" antes del próximo verano contra el trabajo irregular , una medida que, de llevarla a cabo, podría suponer el despido de 200.000 trabajadores . En esta coyuntura nace la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida en Andalucía, que aglutina a las federaciones empresariales Faitel, Fapie y Fraef , y que inicia así una campaña para alertar a través de los medios comunicación y redes sociales sobre los "gravísimos" perjuicios y el "nefasto" impacto económico que está causando el trabajo irregular en el tejido empresarial andaluz.
Según José Manuel Muñiz, uno de los miembros de la Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida en Andalucía, la situación en estos momentos "es insostenible". Asegura que A ndalucía soporta un 25% de economía sumergida . "Si a las empresas responsables -aquellas que cumplen sus obligaciones fiscales- no se les defiende y promociona y si no se lucha contra quien está actuando desde el lado oscuro", todo va a desembocar "en el cierre de 22.000 empresas, que van a pasar a engrosar la economía sumergida".
Un total de 46.760 trabajadores del sector instalador han perdido su empleo en los últimos cinco años en Andalucía y la Plataforma cree que la competencia desleal del intrusismo y la economía sumergida es la gran culpable de ello. La Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida en Andalucía va a solicitar a la administración andaluza que se sume a la búsqueda de soluciones para la solución de este problema. Al mismo tiempo va a solicitar reuniones a todos los partidos políticos con representación en el nuevo Parlamento de Andalucía con objeto de encontrar puntos de consenso de cara a una modificación legislativa para frenar esta actividad ilícita si es que fuera necesaria. Según datos que obran en poder de la recién constituida plataforma, en España se dejan de ingresar en el erario público más de 100.000 M€ por culpa del trabajo irregular . Sólo en Andalucía se pierden todos los años más de 30.000 puestos de trabajo.
