En aras de una mayor sostenibilidad de los productos tecnológicos y de evitar un gasto innecesario en equipamiento, así como limitar o controlar la basura que estos dispositivos generan, desde la Unión Europea afloran nuevas medidas. La primera de ellas ha sido que el Parlamento Europeo ha aprobado el cargador universal en territorio comunitario. Una iniciativa que arrancó en 2009 y que permitirá que los europeos necesiten un solo dispositivo para cargar sus teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros aparatos electrónicos portátiles. La normativa establece que antes de que acabe 2024, estos dispositivos vendidos en la UE deberán incorporar un puerto de carga USB de tipo C. La medida también será obligatoria para los ordenadores portátiles a partir de la primavera de 2026. Y en paralelo, se estudia que para 2024 exista asimismo una legislación acerca de la tecnología inalámbrica.

El problema, según datos de la Unión Europea, ya anticuados, es que solo en 2020 se vendieron 420 millones de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos portátiles. De media, cada europeo posee tres cargadores para estos aparatos, de los que solo usa dos de forma habitual. La basura tecnológica que esto genera alcanza las 11.000 toneladas anuales y un coste extra elevado para los consumidores ya que anualmente los europeos gastan unos 250 M€ en cargadores, ya que estos no vienen necesariamente con el equipo adquirido.

Otro frente para la Unión Europea es que pretende ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de diseño ecológico que establece normas para mejorar el comportamiento medioambiental de determinados productos y que fue actualizada en 2020 para impulsar la reducción de este tipo de residuos. La norma expone objetivos inmediatos como el "derecho a la reparación" y la mejora de la reutilizabilidad en general y el establecimiento de un sistema de recompensa para fomentar el reciclaje de productos electrónicos. Ahora, la Comisión Europea quiere ir un paso más allá y tiene previsto presentar antes de que acabe el año una propuesta legislativa sobre el derecho de reparación para incluir requisitos adicionales que garanticen la sostenibilidad de los dispositivos. Concretamente consideran conveniente extender la vida útil de los aparatos hasta los cinco años de media como medida para reducir los costes energéticos y la necesidad de materias primas.

También que se obligue a los fabricantes a poner a disposición de los usuarios todo lo necesario para que sus dispositivos puedan ser reparados por profesionales o por ellos mismos durante al menos cinco años. Entre esos repuestos se incluirían los más sensibles como la batería, la pantalla, las cámaras, los puertos de conexión y carga, los botones físicos, los micrófonos o los altavoces. Los eurodiputados también quieren que los fabricantes garanticen las actualizaciones informáticas durante al menos tres años para el sistema operativo, y un mínimo de cinco años en el caso de los parches de seguridad; también plantea otras cuestiones como el diseño de normas armonizadas sobre información al consumidor respecto a la reparación de los productos, así como la ampliación de las garantías. 

En España recientemente se ha actualizado la Ley General de Defensa de los Consumidores para incluir modificaciones. Así, la garantía obligatoria para cualquier bien de consumo duradero se ha ampliado de dos a tres años, con la intención de cubrir los defectos de fábrica que se puedan producir durante este periodo. Además, el fabricante también estará obligado a mantener disponibles sus piezas de repuesto durante diez años.