A tan sólo un mes de la entrada en vigor del impuesto a los plásticos de un solo uso en nuestro país, las organizaciones de los principales sectores de consumo (Aces, Acotex, Adelma, Aecoc, Afeb, Anged, Applia, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, Fece, Fiab, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) han hecho un llamamiento de última hora al Gobierno para aplazar la entrada en vigor de un impuesto que amenaza el futuro de gran número de empresas de nuestro país. Tras la reciente decisión del nuevo gobierno italiano de seguir aplazando la entrada en vigor de este gravamen, España se queda sola en la Unión Europea con la introducción de un impuesto (no obligatorio para los estados miembros) que supondrá añadir sobrecostes a sus empresas en un contexto especialmente delicado.
Una prueba más de resistencia para unos sectores que llevan meses sometidas a un gran incremento de costes (materias primas, transporte, energía, etc.) a las que ahora, si la situación no se reconduce, deberán sumar una medida que tendrá un impacto directo de 690 M€. A estas cifras se suman los costes añadidos que supondrá la obligación relativa a la Responsabilidad Ampliada del Producto que se estiman en los 1.150 M€ para las empresas. El Gobierno rechaza el aplazamiento alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado, si bien reconoce que, a causa de la inflación, cuenta con una recaudación extra por vía impositiva que supera los 32.000 M€.
Las empresas de los sectores representados se declaran firmemente comprometidas con la reducción de los plásticos de un solo uso, pero consideran que el impuesto llega “en el peor momento posible”. Además, conviene resaltar que, a un mes vista de la entrada de este impuesto, hay gran incertidumbre en la aplicación propia del impuesto al existir ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, no han sido resueltas por la autoridad competente en la materia. Las compañías españolas van por delante de la legislación en su compromiso con el medio ambiente y, en la gestión del plástico, la gran mayoría de empresas ya han adoptado medidas como el rediseño, la reducción de peso o la reutilización para tratar de minimizar la presencia de este material en el packaging. De hecho, según datos de Eurostat, España se sitúa entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico (51,4%), por delante de naciones como Alemania, Francia o Italia y del conjunto de la media europea (37,7%).
Además, las pymes españolas aportan el 62,2% del PIB nacional (por encima de los mercados vecinos y de la media de la UE), por lo que es sumamente importante no castigar más a un colectivo que está muy seriamente afectado por la coyuntura económica y que podría incluso verse abocado al cierre a o la destrucción de empleo.
Aumenta el riesgo de desaceleración
Las organizaciones que integran a la cadena de valor del gran consumo, la hostelería y el textil coinciden en que “ante una petición tan unámine y la decisión tomada por otros países, el Gobierno debería mostrarse receptivo a aplazar una medida de claro impacto para gran número de empresas y sectores. Aunque el compromiso con el desarrollo sostenible es fundamental y firme, tomar la delantera europea en un contexto tan hostil puede restarnos competitividad frente a otros mercados y potenciar la desaceleración de nuestra economía”. Por ello, los sectores afectados proponen aplazar un año la entrada en vigor del impuesto para tratar de evitar sobrecargar a las empresas en el actual escenario inflacionista.
En sectores como el cuidado personal, donde el 85% de las empresas son Pymes, el impacto de esta medida se considera como muy dañina en un momento en el que España es el segundo exportador de perfumes de la Unión Europea, una posición que se ha ganado gracias al esfuerzo de las pequeñas empresas y a las inversiones ejecutadas por grandes nombres de esta industria que podrían perder interés en mantener sus desembolsos en el corto plazo. La industria del textil ha destacado también la complejidad del momento, dado que a día de hoy está muy lejos de alcanzar los niveles de ingresos anteriores a la pandemia, calculándose que aún se encuentra un 30% por debajo de los niveles de facturación.
En todos los casos se argumenta un altísimo desconocimiento de cómo se gestiona el impuesto. No en vano, ya se anunció que no habría ningún reglamento para exponer aspectos clave de la gestión del mismo y se está a la espera de la publicación de una norma ministerial que se espera salga durante este mes que arroje algo de luz. Desde el sector de distribución de electrodomésticos también se ha señalado la dificultad que entraña para muchas empresas, donde domina el perfil familiar, para prepararse ante la complejidad administrativa que comporta gestionar un tributo de estas características, que impone a los importadores la obligación de obtener información detallada del volumen de packaging plástico que entra en España en las importaciones de sus mercancías y discriminar además qué parte es material reciclado para poder reducir las cuantías a pagar.
Un impuesto que, de facto, puede no generar ingresos
Se ha insistido también, una queja general de toda la industria, el escaso impacto que tendrá este impuesto para garantizar ingresos limpios al Estado ya que, de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado se consignan unos 456 M€ de ingresos por el mismo, pero la formación de inspectores, así como los recursos humanos y técnicos que tendrán que ponerse en marcha dejarán esa cifra en mínimos. También se han mencionado las conclusiones del informe hecho público hace unas semanas por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que solicitaba la modificación urgente del mismo afirmando que “las empresas no han podido adaptar sus sistemas para procesar este tipo de información a tiempo, ni tienen capacidad de exigir esta información a todos sus proveedores extranjeros ni de certificar el origen del plástico, como declaración responsable o a través de una certificación expedida por un tercero independiente, por cada adquisición de producto realizada”.
La catarata de declaraciones contra la aplicación del impuesto al plástico ha sido constante en lo que llevamos de año, pero se ha hecho más fuerte desde que el gobierno italiano anunció la suspensión de la tasa que tenía prevista como mínimo hasta 2024. Desde EsPlásticos, plataforma de los agentes del sector y de la cadena de valor de los plásticos y fundada por Aimplas, Anaip, Cicloplast y Plastics Europe, se pidió también hace pocos días que se retrase la entrada en vigor esta impuesto empleando argumentos similares y poniendo también énfasis en la falta de un análisis del impacto del impuesto, algo imperativo teniendo en cuenta que un 40% de la producción de plásticos del país va dirigida al sector del envase y embalaje, compuesto por unas 830 empresas con 20.188 empleados.
