El 1 de enero ha entrado en vigor uno de los aspectos más polémicos de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada el pasado mes de abril: el impuesto al packaging plástico no reutilizable. Esto unido al recién aprobado Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y al anuncio de una próxima Directiva comunitaria de Envases y Residuos de Envases, que impulsará aún más el uso de reciclado y la reutilización en los estados miembros y cuyo borrador ha sido dado a conocer recientemente, han provocado un tsunami regulatorio que ha puesto en jaque no sólo a la industria del packaging, sino, por extensión, a la del gran consumo en su conjunto. El Informe 2022 del sector de Envase y Embalaje en España, recientemente publicado por Alimarket, analiza con detalle esta situación.1
