La Comisión Nacional de Competencia ha resuelto imponer multas por valor de más de 7 M€ al Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia (Sintrabi), Bidetrans, C.B. Bilbao y Transmeta como responsables del cártel en el transporte de mercancías por carretera en el puerto de Bilbao. Esta última cesó ya actividad a finales de 2010 .

En su resolución, el organismo considera que se trata de una infracción de las más graves contra la competencia que debe regir en los mercados para que éstos puedan funcionar de acuerdo con criterios de eficiencia que garanticen una óptima asignación de recursos, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Ya en 2001, el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia sancionó a Sintrabi, a la Asociación de Consignatarios y a más de 40 empresas de transporte por formar parte de un cártel en el que se fijaban las tarifas, los descuentos a aplicar y otras condiciones comerciales en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. Posteriormente, en 2005, el Gobierno Vasco, ante el aparente mantenimiento de la situación cartelizada en el puerto bilbaíno, instó las actuaciones de la fiscalía, derivándose de las mismas inspecciones domiciliarias realizadas por la Policía Autónoma Vasca tanto en la sede de Sintrabi como de algunas empresas de transporte.

Consecuentemente, en diciembre de 2009, la División de Investigación de la CNC acordó la incoación del expediente sancionador contra Sintrabi y 25 empresas relacionadas con el transporte terrestre en el puerto, llegando a la conclusión de que, en efecto, desde 2002 y al menos hasta 2006, la operativa de funcionamiento en lo referente al transporte de mercancías por carretera en la infraestructura portuaria, y al menos para distancias inferiores a 200 km, estaba controlada por Sintrabi, contando para ello con la colaboración de una serie de empresas de transporte con base operativa en el puerto.

Reparto de clientes y fijación de tarifas

El sistema se basaba en un cierre de mercado, en virtud del cual los transportistas debían portar números identificativos previamente distribuidos entre los participantes en el cártel que les servían para poder franquear el acceso al puerto. Los participantes en el cártel se repartían los clientes, fijaban los precios en función de las distancias y el tipo de carga y controlaban y vigilaban el cumplimiento de los acuerdos. Existía también un articulado mecanismo de presión y retorsión para hacer cumplir dichos acuerdos, que era ejecutado y financiado por los propios participantes del cártel mediante la creación de la figura de los 'vigilantes'.

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