El Pleno del Congreso de los Diputados ha derogado este jueves, con 174 votos en contra, 33 abstenciones y 142 votos a favor, el Real Decreto-Ley por el que se modifica el régimen de los estibadores que entró en vigor el 25 de febrero, día de su publicación en el BOE, y que pretendía dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13.
El principal objetivo de esta disposición normativa del Gobierno era eliminar las restricciones y establecer la libertad de contratación. Para ello, el Ejecutivo quería que las empresas estibadoras no tuvieran que participar obligatoriamente de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) ni que tuvieran que contratar a los trabajadores que ponen estas a su disposición.
Así, el Real Decreto-Ley contemplaba la creación de los centros portuarios de empleo (CPE) cuyo objetivo era el empleo regular de los estibadores así como su formación y cesión temporal a empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales portuario que actuarían como compañías de trabajo temporal específicas para el sector.
El proceso de cambio en la contratación contaba con un período transitorio de adaptación de tres años, desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, en el que las SAGEP subsistirían hasta su extensión o hasta su regulación como Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Se suspende la huelga
Mientras, tal y como ha anunciado Coordinadora del Mar, los estibadores han previsto desconvocar la huelga para todos los días previstos, 17, 20, 22 y 24 de marzo, y "confían en que a partir de ahora se abra un proceso de negociación serio, entre todas las partes implicadas, que logre dar respuesta a los requerimientos europeos y devuelva la estabilidad al sector".
Según señala esta organización, los grupos parlamentarios PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, PDCat, EH Bildu, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Marea, con su negativa, y también Ciudadanos, con su abstención, "han logrado que la responsabilidad se imponga en el Congreso y no se convalide el decreto ley propuesto por el ministro de Fomento, autoritario, que no cuenta con el consenso del sector".
