Tras casi un año de negociación, el pasado 11 de octubre se daban por rotas las negociaciones que venían manteniendo empresarios y agentes sociales para materializar un acuerdo del VIII convenio estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (Convenio Colectivo de la Dependencia).
La ruptura de negociaciones estuvo precedida de la exigencia por parte sindical de una subida salarial del 10% en dos años. Según CCOO, la propuesta de subidas salariales tenía como objetivo dar cumplimento a los términos del IV Acuerdo para el Empleo y las Negociación Colectiva (AENC) 2018-2019, con un salario mínimo de 1.000 € mensuales en 14 pagas para el año 2021.
Ante dicha exigencia, AESTE, FED y Asade, que operan como mancomunados en la mesa de negociación, puso de manifiesto la inviabilidad de la propuesta tal y como había sido formulada, teniendo en cuenta que los precios de concierto de las Administraciones Públicas llevan años congelados y que, en la mayoría de los casos, los mismos no cubren el coste del servicio. De hecho, estas tres entidades aseguran que, durante los últimos cinco años, los salarios de los trabajadores de este sector se han incrementado de acuerdo con el IPC, a pesar de haber recaído sobre las empresas las cargas relacionadas con la congelación de precios públicos y otros gastos adicionales, como la mayor exigencia de ratios de personal; la adaptación a nuevas normativas; o la mayor necesida de atención sanitaria del colectivo de mayores a los que se presta servicio.
Vincular la subida salarial al incremento de tarifas
Por su parte, CEAPs proponía trabajar en confeccionar un "preacuerdo de Convenio", condicionado al correspondiente incremento de las tarifas por parte de las Administraciones Públicas, que permitiera un aumento de las retribuciones. En caso de optar por esta vía, CEAPs consideraba que las subidas salariales no podrían cubrir las expectativas de los sindicatos en tan solo dos año y que serían necesarios periodos más prologados para que esa adaptación fuera factible sin generar perjuicios ni al sector ni a los usuarios.
En este contexto, incluso antes de la celebración de la última reunión, Lares, patronal del Tercer Sector, decidía no sentarse en la mesa negociadora, para mostrar su desacuerdo con la postura tanto de patronales de empresas como de los sindicatos. En concreto, Lares considera que "los agentes sociales actúan desconociendo que más de 10.000 personas mayores son atendidas en centros residenciales sin ánimo de lucro y desde la solidaridad, ya que el sistema de dependencia las ha excluido de atención y carecen de recursos económicos". En la misma línea, esta entidad considera que "es un error plantear crecimientos salariales desconociendo que las Administraciones Públicas en España están discriminando a las personas mayores en relación a las personas que se encuentran en situación de dependencia y discapacidad.
¿Y ahora, qué?
Con las negociaciones rotas, algunos actores abogan por continuar trabajando para alcanzar un acuerdo. Este es el caso de AESTE, FED y Asade, que se muestran totalmente abiertos a continuar la negociación del convenio y a "continuar trabajando para encontrar cualquier solución que sea viable y beneficiosa para ambas partes, siendo conscientes de que el trabajador es un elemento clave en un sector en el que la actividad esencial es el cuidado de las personas mayores".
CEAPs, por su parte, asegura que su intención es "continuar luchando por la dignificación del sector, pero de forma que sea sostenible para los profesionales". Para ello, según esta patronal, es imprescindible, por una parte, que la Administración cumpla sus obligaciones económicas y, por otra, que los avances no provoquen perjuicios al sector (profesionales, usuarios y sus familias).
Mientras, desde Lares se entiende que no puede negarse la falta de reconocimiento social que tiene el sector de la dependencia y sus trabajadores y que el remedio debe pasar porque los propios actores promuevan un salario justo.
Y por la parte sindical, CCOO ha anunciado ya movilizaciones en el sector de la dependencia, así como la adopción de todas aquellas medidas necesarias para revertir la situación que afecta a los profesionales de atención a la dependencia.
