El Ministerio de Sanidad, a través de su secretario general, Faustino Blanco, ha dado respuesta a las peticiones de medidas económicas y de liquidez que desde ASPE, la patronal del sector de centros sanitarios privados, se han hecho llegar al Gobierno desde el pasado 20 de marzo. Esta demanda del sector de sanidad privada se ha motivado por la desprogramación de toda actividad no urgente o preferente ordenada desde el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de promulgación del Estado de Alarma y, por efecto directo, por la brusca caída de ingresos ante la disminución de la demanda por la situación de confinamiento, mientras muchos centros se encuentran en primera línea de asistencia sanitaria a las víctimas.
Según datos de ASPE, los ingresos del sector han descendido en promedio un 85% respecto a la situación previa a la publicación del decreto de alarma, mientras al mismo tiempo todos los centros sanitarios, con y sin internamiento, han mantenido sus infraestructuras y equipamientos, en diverso grado según su tipología e involucración directa en la gestión de casos de contagio de coronavirus. Así, el mayor deterioro se ha producido en los centros sanitarios con internamiento – 460 hospitales asociados a ASPE, que representa al 80% del sector- que han estado y siguen estando en primera línea de lucha contra el coronavirus. El resto, clínicas y centros sin internamiento, si bien han sido considerados también esenciales, “mantienen servicios mínimos para atender urgencias y casos relevantes en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento”.
En este contexto, Sanidad considera que es “tarea prioritaria del Gobierno” estudiar las medidas fiscales y económicas a aplicar “entendiendo la urgencia que la falta de liquidez puede ocasionar, tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios que vienen prestando en el marco de esta situación de crisis”. Añade que el Gobierno viene dictando medidas para minimizar el impacto económico en gran parte del tejido productivo y “los operadores del sector sanitario privado no pueden ser una excepción, ya que resultan estratégicos, mantienen un servicio de primer orden en la lucha contra la pandemia, con inversión en recursos y medios, y cuando sus profesionales, aún con riesgo para su propia seguridad, están en la primera línea de la atención a los pacientes”.
Además de hacer un reconocimiento expreso al papel de la sanidad privada en esta crisis, Sanidad “estudia aquellas medidas que permitan proporcionar un equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de los operadores del sector, con proporcionalidad y adecuación al amplio perfil de las empresas y sus servicios”, en clara alusión a la adaptación de los recursos requeridos de la sanidad privada en función de la evolución de la epidemia sanitaria.
Como se recordará, ASPE solicita medidas englobadas en ámbitos como la exención de impuestos; la obtención de líneas de financiación y liquidez; o la reducción del IVA sanitario a tipo superreducido para facilitar la adquisición de compras de materiales y equipos para la atención sanitaria.
