El sector de atención a la dependencia es uno de los que más ha sufrido el embate de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. A pesar de que gestores y patronales imploraron desde el principio los medios que necesitaban para hacer frente a una pandemia que se ha cebado con un colectivo tan vulnerable como el de los mayores, lo cierto es que por parte de muchas personas, generalmente ajenas al sector, se ha puesto en entredicho todo el sistema de atención a la dependencia.
Lo que parece claro a día de hoy es que el Covid-19 marcará un antes y un después en el sector geriátrico. Pero, ¿de qué manera podría servir una tragedia como esta para paliar los déficits que sufre el sistema y por los que vienen reclamando desde hace mucho tiempo todos los actores implicados? ¿Tendríamos que acometer un cambio radical en el modelo? ¿Bastaría con prepararse para contingencias como la que hemos tenido que afrontar en esta ocasión?
Para Patxi Amutio, director general de Sanitas Mayores, "para plantearnos el futuro, lo primero es hacerse las preguntas adecuadas sobre qué es necesario cambiar. Esta crisis sanitaria, con toda su dureza, va a hacer que el sector mejore y se fortalezca y tenemos que enfrentar el futuro desde las lecciones que hemos extraído de esta situación".
En opinión de César Antón, director general de Sergesa Asiste, "a la hora de hacer propuestas de cambio, lo tendríamos más fácil si solo fuese necesario realizar cambios en un modelo, pero tenemos que reconocer que hay más de un modelo, adaptado a las condiciones particulares de cada territorio. Quizá deberíamos trabajar en lograr un espacio común y básico con las correspondientes adaptaciones territoriales". Y dentro de este marco, continúa Antón, "deberíamos evolucionar hacia un modelo de cuidados innovadores para afrontar las necesidades actuales y de un futuro muy próximo, teniendo en cuenta que la base del cuidado son personas (profesionales) que cuidad de personas (pacientes) y familias".
¿Medicalizar o no?
Por lo que respecta al modelo asistencial, hay una palabra que se ha repetido constantemente durante el tiempo que ha durado la crisis sanitaria y es la "medicalización". Son varios los gestores que se han visto obligados, no sin dificultades, a dar respuesta a esta situación excepcional, adaptando parte de sus centros a un modelo más hospitalario. Este es el caso del grupo Vitalia Home, que no obstante y a pesar de dar por hecho que aún habrá que convivir con estas medidas excepcionales durante algún tiempo, apuesta por un modelo en el que las residencias sean cada vez más asimilables al hogar. En palabras de su presidente ejecutivo José María Cosculluela, "no deseamos convertir los centros residenciales en hospitales de media y baja intensidad. ni en servicios sanitarios. Son lugares para vivir y convivir". Sin embargo, Cosculluela aboga por la necesidad de intensificar y mejorar la coordinación con los servicios sanitarios, responsables de la salud de todas las personas, también de las que viven en un centro residencial".
En la misma línea, Patxi Amutio, de Sanitas Mayores, apunta que "las residencias de mayores están pensadas para cuidar y no para curar, a pesar de que algunos centros como los nuestros cuenten con servicios médico y de enfermería de carácter ambulatorio, nunca hospitalario. Durante la pandemia, se nos ha cargado de una responsabilidad para la que no estamos preparados y, aún así, hemos asumido ese rol con responsabilidad y buen ánimo, para ayudar a descongestionar el sistema hospitalario del país durante las semanas más críticas de la emergencia. Es cierto que Sanitas Mayores forma parte de un grupo sanitario y ha tenido más facilidad para la medicalización de los centros, pero muchas otras residencias se han visto ante más dificultades", De cara al futuro, la apuesta de Sanitas Mayores pasa, no obstante, por "una mayor medicalización de los centros, que permita ampliar los cuidados asistenciales que ya se dan a los mayores, sin abandonar el aspecto social y terapéutico, con un modelo de atención centrado en la persona".
Por su parte, Juan José García, secretario general de la patronal del Tercer Sector Lares, apunta que "si con la palabra medicalizar lo que queremos afirmar es que las residencias deben convertirse en hospitales, desde Lares tenemos muy claro que esa no es la solución. El nuevo modelo de los centros, jamás puede ser algo que se parezca a un hospital. Incluso, en base a argumentos de prevención epidemiológica, sería un disparate. Las residencias de mayores, por atender a personas muy frágiles, ni pueden ni deben ser centros que atiendan situaciones infectocontagiosas". Por el contrario, continúa Juan José García, "el modelo por el que nosotros apostamos se dirige hacia la mejora del sistema hospitalario de media estancia y el cumplimiento máximo y riguroso de la sanidad pública y universal para todos los ciudadanos".
Para César Antón, "le corresponde a la autoridad sanitaria decidir y definir qué nivel de asistencia de este tipo deben propocionar los centros residenciales. No solo porque le corresponda, sino porque es quien mejor conoce las necesidades de este tipo de asistencia para las personas que residen en los centros. En función de ello, se adaptarán los centros a la atención y cuidados que en su conjunto deben prestar, en relación a su vez, a la evolución de la asistencia sanitaria y cuidados personales en los domicilios".
Momento para la reclamación histórica de la integración sociosanitaria
Y, bajo esta premisa, lo que la mayoría de los actores implicados reclaman ahora es avanzar hacia una de las demandas históricas del sector, como es la creación de un espacio sociosanitario y la estratificación del sistema. En opinión de Jesús Cubero, secretario general de AESTE, "deberíamos profundizar en distintos recursos según los diferentes niveles asistenciales requeridos. Está claro que el perfil del residente que acude a nuestros centros es el de una persona con un alto grado de dependencia, con varios diagnósticos clínicos y polimedicado". Es por ello que, según Cubero, "el modelo que se creó en 2006 necesita una profunda revisión y es el momento de diseñar un verdadero espacio sociosanitario, con una acreditación de centros que puedan ofrecer estos servicios. Habrá centros que no puedan adaptarse por su estructura a este modelo y tendrán que ser adaptados a modelos más similares a las viviendas o residencias actuales".
También aboga por la creación de este espacio sociosanitario Angel Giró, director general del Grupo Korian en España. En su opinión, "deberían diversificarse los recursos residenciales, desarrollando por fin un verdadero sistema sociosanitario, como el que viene pidiendo el sector desde hace más de 20 años. Dicho sistema podría vertebrarse desde la construcción de centros sociosanitaros para post-agudos, atención a la cronicidad, etc". Además, continúa Giró, "se podrían crear en las residencias unidades sociosanitarias, tanto para atender a pacientes de esta tipología, como para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir dentro del propio centro, con garantías de medicalización".
Esta misma opinión es compartida por Javier Romero, director general de Emera en España, que cree que "tendemos a generalizar realidades diferentes. Puede haber residencias concebidas como proyectos asistenciales más similares a las viviendas y otras donde atender a personas que necesitan más apoyo en las actividades de su vida diaria. Cada una tendrá una solución diferente y un modelo de gestión diferente. Y también habrá residencias con un tamaño y tipología que permita la convivencia de ambas realidades y que puedan habilitar zonas para residentes válidos y otras para usuarios con más necesidades asistenciales.".
Por su parte, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, considera que "el modelo debe guardar correlación con las prioridades en la asistencia a las personas mayores y, dada nuestra pirámide demográfica, la prioridad pasará por responder a las necesidades que supondrá atender a un creciente número de usuarios. Tenemos ahora la oportunidad para poner encima de la mesa el modelo socioanitario que tanto tiempo venimos reclamando, así como muchos aspectos demandados por el sector, como son una historia clínica y social accesible para todos, la posibilidad de que nuestros médicos receten, etc."
También Jorge Guarner, presidente ejecutivo de Healthcare Activos, aboga por "regular de una vez por todas las condiciones físicas y de personal entre los tres grados de dependencia que marca la ley". En concreto, según Guarner, "las residencias de menos de 60 camas solo podrían atender al grado 1; para los grados II y III, habría que exigir que las residencias estuvieran sectorizadas arquitectónicamente con módulos de 25/30 camas con sus salas de estar y comedor independientes; y, en el caso del grado III, deberían tener una acreditación de Sanidad, además de la de Servicios Sociales, con mayor peso de personal sanitario y con compensación de su coste por Sanidad, tal y como ocurre en el resto de países europeos".
La dotación de personal, asignatura pendiente
Según Ignacio Fernández-Cid, "lamentablemente, esta pandemia ha dado luz a muchos de los problemas que llevamos poniendo de manifiesto en el sector desde hace mucho tiempo". Y, sin duda, las carencias en materia de personal son una de ellas. Según el presidente de la FED, "con las medidas que se han implementado estas últimas semanas, muchos profesionales están convalidando sus titulaciones por la vía de urgencia y muchos otros se han incorporado sin tener el TAS a nivel de gerocultor. Habrá que demandar un trato especial para esos miles de profesionales que se han incorporado a nuestro sector en un momento de máxima necesidad y todo ello, sin duda, aliviará muchas de las necesidades de personal cuando todo vuelva a la normalidad".
Para Patxi Amutio, "el sector es consciente del desafío que enfrenta, incluso antes de la crisis sanitaria, para cubrir las necesidades de personal en ciertos perfiles, especialmente en gerontología y enfermería. Para ello, es fundamental que trabajemos en conjunto y hemos de conseguir que aumente el atractivo social y el reconocimiento de los profesionales que trabajan con nosotros". Pero, según Amutio, "el reconocimiento ha de ser social, pero también laboral y, por ello, desde Sanitas Mayores apostamos por medidas atractivas como marca empleadora".
Jesús Cubero, por su parte, opina que "hay que garantizar que un sector como el nuestro cuenta con un número suficiente de profesionales bien formados, que estén bien remunerados y que quieran quedarse en el sector. Para ello, la formación y una adecuada remuneración van a ser vitales porque vamos a necesitar muchos empleados en los próximos años y se trata de ofrecer un empleo de calidad y no deslocalizable". En la misma línea, Ángel Giró considera que "la escasez de médicos, enfermeras y personal auxiliar de enfermería es creciente y es un hecho constatado en otros países, donde supone un grave problema". En su opinión, la solución podría pasar por "incrementar el cupo de estos profesionales desde la formación académica".
César Antón opina en este aspecto que "se trata más de un tema de diferencias en las categorías de personal que puedan prestar servicios, tanto en el ámbito social, como en la asistencia sanitaria. Un aspecto que será clave, con independencia del ámbito asistencial, es garantizar la protección de los profesionales en el desarrollo de sus tareas, a la vez que perciben que están protegiendo a las personas que cuidan".
Para José María Cosculluela, "con las ratios que exigían algunas Comunidades Autónomas, se ha demostrado que se pueden ofrecer servicios de muy alta calidad, si bien, es evidente que debe producirse una homogeneización de la normativa y los precios entre los distintos gobiernos. Nuestro plan de mejora continua incluye el incremento paulatino de las ratios de gerocultores y de personal de atención directa, pero tenemos que ser conscientes de que cualquier incremento de plantilla repercute directamente en los costes, bien los tenga que asumir la Administración Pública en sus propios centros o en centros concertados, o los propios usuarios en centros privados, con un incremento de la tarifa".
Por su parte, Javier Romero cree que la solución podría enfocarse desde varios ámbitos. Así, sería necesario "profesionalizar más el sector y hacer más atractivo el desarrollo profesional de los trabajadores, lo que conlleva apostar aún más por la formación; y reconocer unos mejores salarios, que nos permitan ser más competitivos con otros sectores y más atractivos para los trabajadores y, en esto, las Administraciones deben jugar un papel esencial, asumiendo el necesario y justo incremento que se tendrá que producir en las tarifas públicas".
Obligados a entenderse
En lo que todos los profesionales del sector parecen coincidir es en que esta crisis marcará un antes y un después en el sector. Pero, ¿servirá para que las distintas Administraciones Públicas accedan a dar respuesta a las reivindicaciones del sector? Para César Antón, "si algo hemos aprendido es que de esta solo salimos si trabajamos todos juntos y, por lo tanto, debemos buscar cauces de acercamiento de forma continúa entre las Administraciones Públicas y el resto de los agentes del sector". Antón cree que "puede ser una oportunidad para los aspectos económicos, de financiación y aportaciones, pero seguirán siendo muy complicados de resolver".
Según Juan José García, de Lares, "estamos en un momento histórico para reinventar el modelo de cuidado a los mayores y, por supuesto, un elemento fundamental será la dotación de las inversiones necesarias para garantizar un cuidado esencial y de calidad. Desde hace tiempo, en Lares venimos diciendo que es necesario repensar nuestro sistema de dependencia y que, para atender a todas las personas con un modelo adecuado, es necesaria una inversión mínima de 1.000 M€ hasta 2030, manteniéndose un marco de colaboración público-privada".
Por su parte, Patxi Amutio considera que "la Administración habrá de tener más implicación económica con los centros residenciales y con el modelo de dependencia. En Sanitas Mayores llevamos años advirtiendo que tenemos una buena Ley de la Dependencia, pero que está infradotada, tanto en lo relativo a medios administrativos como económicamente". Amutio añade que "tenemos un desafío como sociedad que es darle al cuidado de nuestros mayores la trascendencia y relevancia necesarias y, para ello, debemos dar un paso más, contando con la ciudadanía y las distintas administraciones".
Jesús Cubero, de AESTE, es optimista al respecto y considera que las Administraciones se mostrarán receptivas antes las reclamaciones del sector. Así, según Cubero, "debe producirse una corresponsabilidad en la financiación del sistema por parte del Estado y las Comunidades Autónomas y, una vez evaluados los servicios que queremos ofrecer a las personas mayores, llegará el momento de cuantificar el coste de dichos servicios y realizar propuestas que permitan su financiación".
También en materia económica, Jesús Nogales, director de Operaciones del grupo Clece, espera que "las Administraciones Públicas se den cuenta de la importancia de las licitaciones, que es el momento idóneo para que se regulen las condiciones en las que quiere que se preste el servicio durante toda la vigencia del contrato, a través de los pliegos de condiciones. En estos pliegos, la Administración debería dotar económicamente los servicios y favorecer la dignificación del sector, mejorando las condiciones salariales de trabajadores esenciales para el bienestar de nuestros mayores". En concreto, Jesús Nogales considera que "se debería dar mucho más peso a las condiciones técnicas de prestación; potenciar la implementación de mejoras técnicas y de recursos por parte de los licitadores; no favorecer las bajas económicas; y eliminar las subastas. El objetivo debe ser la excelencia de los servicios".
Necesidad de comunicación y coordinación
Ignacio Fernández-Cid cree que "la relación con la Administración Pública es algo vivo y que esta sometido a continuos cambios". En esta ocasión, espera que "mejore sustancialmente porque, aunque hay entendimiento, también hay mucho camino por recorrer en este sentido". Así, continúa Fernández-Cid, "el sector ha venido realizando en los últimos 15 años esfuerzos de adaptación a nuevas exigencias por parte de las normativas, de los estándares de calidad, de los órganos de inspección y supervisión, de los prescriptores, de los propios usuarios y familiares y, en medio de todo esto, si hay algo que permanece rígido al avance son los precios públicos que se pagan en gran parte del país.
Para José María Cosculluela, una de las apuestas de las Administraciones Públicas debería ser "un pacto nacional por la calidad en el sector, en el que se incluyan aspectos fundamentales, como la homogeneización de la normativa, el precio de los servicios, la formación del personal y su retribución". Asimismo, también se echa de menos "una mayor coordinación y colaboración con los servicios de salud, para una mejor atención de las personas mayores y ciudadanos de pleno derecho, que es de lo que se trata". No obstante, según Cosculluela, "Vitalia colabora de forma decidida con las Administraciones en todas sus labores, aportando ideas y sugerencias de mejora".
Ángel Giró cree que tiene que mejorar la comunicación y el asesoramiento por parte de los profesionales, tanto asistenciales como de gestión, hacia las Administraciones Públicas. En concreto, considera que "hasta el momento, se han tomado decisiones sin tener en cuenta la opinión y criterio de quienes realmente saben y conocen el sector. Ahora, en esta situación, hay algunas Comunidades Autónomas que están siendo más receptivas al menos para escuchar propuestas y trasladarlas luego a la norma". En su opinión hay un grave riesgo de "sobreactuación" política tras la pandemia.
Para Javier Romero, "la Administración deberá reflexionar sobre lo que ha pasado y plantear medidas que eviten o minimicen situaciones como estas en el futuro. La coordinación sociosanitaria deberá abordarse de manera decidida ya. Hay que sentar a los agentes sociales y a las administraciones (consejerías de Bienestar Social, de Sanidad y de Economía) en la misma mesa y diseñar un marco de colaboración". Asimismo, tal y como afirma Romero, "el Gobierno Central tendrá también que participar".
En materia de normativa, Jorge Guarner considera que "debería haber una normativa mínima común para toda España y se deberían definir también a nivel estatal los criterios de inspección acordes a la normativa que se apruebe. Esta normativa debería exigirse a todas las residencias, independientemente del titular de las instalaciones. Lo importante son las personas que atendemos y cómo se atienden".
