El grupo Supercuidadores, especialista en prestación de servicios y formación sociosanitaria on line ha analizado los efectos de la nueva regulación de inmigrantes en España, cuya tramitación ha iniciado el Gobierno para personas extranjeras que ya viven en España con requisitos que incluyen la acreditación de residencia en el país previa al 31 de diciembre de 2025 (un mínimo de cinco meses) y la inexistencia de antecedentes penales, con una autorización inicial de un año.
Para la especialista en formación sociosanitaria, "no hablamos solo de un asunto administrativo. Hablamos de si España será capaz de sostener el sistema de cuidados de larga duración, mejorar la atención a la dependencia, reforzar la atención domiciliaria y garantizar servicios de calidad para una población cada vez más envejecida". El debate de fondo no es si la regularización puede ayudar al sector: puede. El debate real es cómo hacerlo para que el resultado sea netamente positivo para las personas cuidadas, para las familias, para las entidades prestadoras y para España.
El sector tiene un hecho incontestable: faltan profesionales. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha estimado oficialmente que España deberá incorporar 261.400 trabajadoras y trabajadores adicionales en cuidados de larga duración hasta 2030, y que el sistema necesitaría situarse en torno a 751.300 personas cuidadoras en ese horizonte para garantizar la atención.
Estos datos convierten la regularización en una oportunidad de empleo clarísima para personas inmigrantes. El cuidado es un sector con demanda sostenida, presente en todas las comunidades autónomas y con múltiples salidas (domicilio, instituciones, apoyo comunitario). Pero para que esa oportunidad no derive en precariedad o en riesgos asistenciales, hay una condición crítica:regularizar no equivale a profesionalizar.
A partir de este planteamiento, Supercuidadores plantea las distintas oportunidades y riesgos de la regularización. En cuanto a las primeras, la regularización permite aflorar empleo y reducir la economía informal, sobre todo en los cuidados en el hogar. Asimismo, permitirá cubrir la demanda creciente y mantener los servicios sin tensionar por falta de trabajadores. También dará la posibilidad de elevar la calidad del cuidado, si acompaña de formación con una acreditación de las competencias profesionales.
Respecto a los riesgos de la regulación, si no se lleva a cabo con rigor, se podrían producir procesos masivos, que pueden saturar la tramitación, generar retrasos y elevar la incertidumbre, tanto de solicitantes como de empleadores, alimentando intermediaciones de baja calidad y errores documentales. Otro riesgo es que cambie el estatus administrativo del trabajador inmigrante, pero no mejoren sus condiciones laborales (jornada, prevención, profesionalización, supervisión). En este caso, el sistema podría absorber mano de obra sin cualificación, con sobrecarga y falta de carrera profesional, que son precisamente los factores que expulsan talento. Además, la falta de competencia profesional del trabajador se puede traducir en daños en el propio trabajador y en el usuario (caídas, lesiones por movilización, problemas de higiene, descompensaciones, conflictos familiares o reclamaciones). Incorporar volumen sin asegurar competencias mínimas puede aumentar incidencias y deteriorar la confianza social en el sistema. Por último,no hay que olvidar que la regularización se discute en un contexto europeo sensible. Instituciones comunitarias han advertido públicamente sobre la necesidad de responsabilidad y coordinación para evitar efectos indeseados en otros estados miembros. Además, la desinformación puede amplificar percepciones erróneas, si no se comunica con datos y con criterios claros.
