Como el resto de comunidades, Cataluña se ha tenido que adaptar a las necesidades geriátricas reales, en una región en la que, de momento, siguen sobrando camas. El problema no es tanto el número de plazas instaladas (siguen estando por debajo de las necesidades reales de los ciudadanos catalanes con distintos niveles de dependencia), como la ocupación que registran en la actualidad. El motivo, sin duda, es el retraso de la plena aplicación de la Ley de la Dependencia y también la aparición de la figura del cuidador no profesional, que representa ya el 56% de las prestaciones otorgadas en el marco de la Ley de Dependencia.

En este contexto, la mayoría de los grupos geriátricos se han centrado en la gestión de centros de terceros, ya sean privados o públicos, abandonando, al menos de momento, la promoción propia. De hecho, las administraciones públicas se han convertido en los principales inversores, participando directa o indirectamente en el 70% de los proyectos de nuevos centros. Una cifra muy distinta al escaso 18% que representa el sector público catalán en la titularidad de las 951 residencias y viviendas con servicios ya en funcionamiento.

Dentro del mercado catalán siguen teniendo un papel muy importante las organizaciones no lucrativas, que suman el 23,6% de los geriátricos de la comunidad. Esta presencia se ve reflejada en el ranking de gestores, donde las organizaciones del Tercer Sector copan dos de los cinco primeros puestos y tres de los diez primeros. Como en años anteriores, Sanitas sigue líder del mercado catalán, seguida por la mutualidad catalana Grup Mutuam. En el tercer puesto se encuentra Sar, que subiría a la segunda plaza, si se suman las plazas del grupo Mapfre Quavitae, adquirido por Sar recientemente.

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