SANImarket Geriátricos: ¿Qué valoración general haría del arranque de la Ley de Dependencia?

Montserrat Cervera: Entiendo que es complejo poner en marcha un sistema de este tipo y definirlo, porque han intervenido un montón de agentes y muchas razones y argumentos, que escapan a la lógica. Pero hay tres cuestiones, que ya de nacimiento dificultan mucho que el sistema funcione bien: la indefinición con la que ha nacido, la financiación y la falta de herramientas para ponerla en práctica. También pienso que estamos muy al principio y con capacidad de enmendar los problemas, si somos capaces de identificarlos y enmendarlos. La Ley es un paso adelante que no tiene vuelta atrás en la protección de los ciudadanos.

S.G.: Indefinición, ¿en qué sentido?

M.C.: La Ley ha sido utilizada políticamente como bandera, ha sido muy claro el enfrentamiento y esto ha provocado que haya tenido que rebajar planteamientos en el proceso de negociación en el Parlamento. En nuestro modelo de estado, las comunidades pesan mucho y la Ley toca un tema que es de su competencia exclusiva. Debería haberse negociado de una manera clara y abierta, consiguiendo un consenso total, que hubiera podido evitar las reticencias de algunas comunidades a su aplicación y a la construcción de un verdadero sistema de protección.

S.G.: ¿Cuáles son los problemas financieros?

M.C.: Destaco dos: no haber hecho los cálculos sobre los costes reales y tener que financiar atención a muchas más personas de las previstas, además de poder poner en duda si el sistema para la financiación adoptado es el más adecuado. Una ley de este tipo debería haber concretado las necesidades finacieras, a partir de la objetivación de los costes reales de todos los servicios, que son distintos en cada comunidad. A menudo, las administraciones que los compran han fijado sus tarifas por debajo de lo que realmente son. Los servicios son caros y los precios de concertación son muy bajos y muy dispares. Además, el sector está pagando unos salarios muy escasos para el tipo de actividad profesional. Por otra parte, debería tenerse mayor control sobre el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas. ¿Cómo puede ser que en Andalucía, de todos los que lo piden, al 90% se los considere dependientes y, en Navarra, sólo lo sean el 40%?, por ejemplo. Algo se está aplicando de forma diferente en la valoración de la dependencia. Y ello repercute directamente en los costes de aplicación de la Ley y en las dificultades para su financiación.

S.G.: ¿Y respecto a la falta de herramientas?

M.C.: No cabe en la cabeza que en el siglo XXI nazca un sistema que no esté perfectamente informatizado, no sólo para recoger los datos, sino para gestionar la demanda. Sería necesario poder volcar datos in situ sobre las valoraciones en el expediente informatizado de cada persona y que su tarjeta individual y su código personal permitieran acceder a la información a cualquier persona que intervenga, para conocer en qué punto está de trámite. No haberlo previsto entorpece muchísimo los procesos y provoca retrasos.

S.G.: ¿Qué cabida tienen en la Ley los productos financieros y aseguradores?

M.C.: Existe todavía un gran vacío en el tema de los productos financieros y creo que deberían haber acompañado al despliegue de la Ley. Puesto que el Estado no lo puede asumir todo y el copago tiene que existir, cualquier acción que facilite que las personas tengan tesorería para pagar estos servicios debería estar absolutamente promovida.

S.G.: ¿Está preparado el país para desarrollar la Ley? ¿Existe suficiente oferta para garantizar los servicios?

M.C.: En ayuda domiciliaria no, aunque los índices de cobertura son muy dispares, según las comunidades. Tiene que crecer mucho y se tiene que reglamentar bien, porque ahora cabe todo. No existe un control riguroso de calidad. De plazas residenciales, salvando alguna comunidad, el crecimiento ha sido bastante espectacular, me parece que globalmente es más necesaria la reconversión que el crecimiento. Las residencias se tienen que enfocar hacia demencias y enfermedades neurológicas.

Respecto a los centros de día, creo que es algo que tiene que explotarse. Es un servicio poco demandado y probablemente tiene que ver con la rigidez actual de estos servicios. Por último, la teleasistencia es un buen complemento para los que todavía no son dependientes y para la dependencia leve. El futuro del sector está en desarrollar las nuevas tecnologías aplicadas a la calidad de vida de las personas mayores.

S.G.: La aplicación de la Ley: ¿supondrá una reconversión del sector? ¿Se cerrarán residencias?

M.C.: La Ley de la Dependencia tendrá un efecto positivo en la consolidación del sector. Todas las residencias, incluyendo las sin ánimo de lucro, tendrán que adaptarse a las exigencias de un mercado que demanda calidad, lo que lleva implícitas exigencias de profesionalidad en la producción y en la gestión. Es necesario obtener resultados para permanecer en el mercado. Creo que vamos a ver la consolidación de algunos grandes grupos, la compra de servicios por parte de otros, los cambios en los accionariados de algunos y también la evolución de lo que conocemos como tercer sector, que creo que, cuando está prestando servicios como si fuera una empresa, tiene que entrar en las reglas de juego y tenemos ejemplos de entidades del tercer sector consolidadas como operadores.

S.G.: ¿Qué servicios ofrece ANTARES en materia de dependencia?

M.C.: Estamos especializados en salud y servicios sociosanitarios. Elaboramos proyectos de estudio de necesidades sociales, estudios de mercado, revisión de estrategias operativas, etc. Hacemos análisis de costes en la producción de servicios y estrategias de negocio, tocando a planificadores y ejecutores públicos y privados, asociaciones sin ánimo de lucro y obras sociales de las cajas de ahorros. Tenemos herramientas informáticas para el control de la gestión de los procesos y para gestión de costes y disponemos de un software propio de planificación de servicios sociales.

Además, hemos incorporado una nueva área de calidad, desde donde hemos elaborado una oferta de servicios para hacer los planes de calidad de los servicios residenciales, porque conocemos bien el tema de calidad y muy bien el sector y la combinación de los dos nos da un buen punto de partida. Hemos hecho cosas para grupos que tienen más de una residencia, como integrar los sistemas de calidad en un sistema único.

“La Ley es un paso adelante, que no tiene vuelta atrás en la protección de los ciudadanos”