La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado el informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca. Este regula la obligación de declarar mensualmente las operaciones de venta que realizan a la distribución comercial.
Así las cosas, la CNMC evalúa la obligación de suministro de información desde dos perspectivas. Por un lado dese la óptica del peligro de infracción de la normativa de competencia y el aumento del riesgo de colusión entre operadores. En este caso, la norma introduce unos requisitos de información excesivos pudiendo afectar a información comercial sensible de los operadores del sector lácteo. Las garantías formales de confidencialidad y respeto a la normativa de competencia, no eliminan los riesgos de coordinación y reducción de la tensión competitiva, que son elevados. Los efectos nocivos, además de para nuevos entrantes y operadores de industrias relacionadas, recaen en última instancia sobre el consumidor en forma de precios ineficientes y reducción en la variedad y calidad de los productos. En resumen, se recomiendan menciones específicas de los límites que establece la normativa de competencia y un respeto escrupuloso de los mismos por los operadores y responsables de organismos públicos.
Por otro lado, la CNMC evalúa la obligación de informar desde la óptica de los principios de regulación económica eficiente y mínima restricción competitiva. En este caso, las medidas del PRD plantean dudas en su idoneidad y proporcionalidad para conseguir el objetivo de garantizar la sostenibilidad y futuro del conjunto de operadores del sector lácteo. Así, este no hace frente a los factores estructurales que motivan esta recurrente crisis láctea ni garantiza la sostenibilidad a largo plazo de los operadores; cualquier medida que persiga el mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria debe resultar compatible con la eficiencia, tanto a corto como a medio y largo plazo; la sobrerregulación y el intervencionismo administrativo supondrán una barrera a la entrada para nuevos operadores, dificultando que compitan con mejores precios, mayor variedad y calidad de productos así como utilizando procesos productivos y de comercialización innovadores; y por último, no se facilita una mejora de la competitiidad de la economía española ni el traslado de los efectos de la competencia a los consumidores.
En definitiva, la CNMC recomienda la introducción de incentivos a los operadores para modificar los factores estructurales que están detrás de la situación de precariedad denunciada correctamente por el sector: la promoción del cooperativismo, el refuerzo de la vigilancia de posibles abusos y la orientación a nuevas formas de producción son algunas de las vías de mejora que podrían ser reforzadas.
