Con el objetivo de identificar los riesgos y las herramientas que permiten ejercer el cumplimiento, tuvo lugar el Seminario Food Compliance organizado por Aenor y Gómez-Acebo y Pombo. Un doble objetivo al que unió un tercero en su presentación Teresa Robledo , directora ejecutiva de Aecosan: asegurar la seguridad de los consumidores.
Bajo estas premisas, Estíbaliz Aramburu , Socia de GA&P, defendió la importancia de unos programas de compliance integrales, no sólo penales, sino que incluyan otros riesgos legales y estén ligados a un buen gobierno corporativo. Un sistema de business integrity ha de ser capaz de prevenir, detectar y tratar eficazmente infracciones corporativas graves. Ha de ser impulsado y supervisado por el órgano de administración, integrando una función interna de business integrity. Debe ser global y coordinado, hecho a medida para la compañía después de un diagnóstico previo. Ha de estar necesariamente alineado con la estrategia corporativa y formar parte del proceso de toma de decisiones. Debe promover la formación continua del consejo y los directivos de la compañía y ha de ser objeto de revisión y adaptación periódica.
Las ventajas de este tipo de programas es que permiten la prevención de sanciones penales y administrativas, al tiempo que ayudan a la mejora reputacional de las empresas que los adoptan. Pueden ser un instrumento para la atracción de inversores, al tiempo que facilitan unas mejores condiciones de financiación y contratación de seguros. Permiten mejorar la relación con la administración, ahorran costes de mediación y, en última instancia, permiten la prevención de la responsabilidad de los administradores tanto frente a los accionistas como en el plano penal.
Los riegos de los claims
Pablo de Vicente , director de Aenor Laboratorio, ilustró una de las áreas de riesgo que afectan a la industria alimentaria, en concreto al lanzamiento de productos con alegaciones nutricionales. "El objetivo de las alegaciones es vender más, diferenciarnos de la competencia y que el consumidor lo aprecie", aseguró, "pero puede ser un arma de doble filo". Para minimizar estos riesgos es necesario completar con éxito tres fases. Una primera creativa, fundamental, en la que hay que filtrar ya aquellos productos que no cumplan exactamente con las alegaciones que se quieren vender. Una segunda fase es la de verificación legal, que idealmente debería formar parte del proceso desde sus inicios, aunque normalmente va al final, "cuando todo está desarollado", puntualizó Mónica Weimann socia de GA&P.
La tercera fase es la verificación técnica, que han de justificar mediante pruebas de laboratorio el efecto nutricional. "Los análisis de producto en acreditados son mejor que la bibliografía", aseguró De Vicente, "tanto por el carácter heterogéneo de los alimentos, muy sensibles a variaciones por causas climatológicas, o por la variabilidad de materias primas y proveedores, como porque los alimentos están vivos". Los productos se deterioran a lo largo de su vida útil, pero las declaraciones han de cumplirse a la fecha de caducidad. "Un buen estudio legal y analítico aseguran el cumplimiento legal", concluyó.
