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Cobur plantea la venta de activos como parte de su plan de viabilidad

Cobur plantea la venta de activos como parte de su plan de viabilidad

La cooperativa burgalesa Cobur, ya tiene administrador concursal para gestionar el proceso que solicitó a mediados de abril, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos. Ahora, la gestión de la empresa pasa a manos del bufete de abogados Ortego y Cameno Abogados, siendo el titular del caso Carlos Cameno.

Desde la nueva administración concursal se ha querido trasmitir la voluntad de buscar la viabilidad de la compañía y lograr un convenio con los acreedores. Dentro de este plan de viabilidad, en el que ya se está trabajando, no se descarta la enajenación de activos de la cooperativa, obteniendo con ello la liquidez inmediata suficiente que permita el reflote de la sociedad. Estos activos deben entenderse como unidades de negocio y en las oferta se incluyen tanto la división de procesado avícola (matadero, sala de despiece, instalaciones de congelado), como las granjas de cría y sala de incubación, la división de piensos o las tiendas minoristas, así como otras divisiones menores, como la producción de huevos, conejos o porcino en vivo. Igualmente, no se descarta la búsqueda de acuerdos con posibles socios inversores.

La crisis de Cobur estalló en mayo de 2018. En esas fechas, la empresa anunció al personal del matadero y sala de despiece el cese de esta actividad, lo que supuso el despido de 19 trabajadores y la recolocación de otros 7 en distintas labores de la cooperativa. La cooperativa mantenía las actividades de incubación y cría de pollo, así como la venta de su carne, recurriendo a maquilas para su procesado. Seis meses después, tras invertir cerca de 1 M€ en diversas mejoras -como la instalación de una nueva línea de evisceración y oreo y su adaptación a las certificaciones IFS y BRC para la exportación- Cobur decidió alquilar el centro a la empresa de servicios Randstad, que comenzó a trabajar tanto para la cooperativa como para terceros. Sin embargo, un año después, tras no renovarse el contrato de alquiler, se volvió a cerrar el matadero. Desde entonces, la cooperativa ha estado buscando el medio de lograr restablecer esta actividad, sin éxito hasta la fecha, por lo que ha optado por solicitar el concurso de acreedores.

En paralelo, Cobur ha solicitado un ERTE, que afectaría al 75% de la misma -unos 60 empleados- por un periodo de entre 85 y 100 días. Esta medida regulatoria de empleo afecta tanto al personal de las tiendas detallistas y delegaciones comerciales (en Cantabria y País Vasco), como al de la fábrica de piensos e incubadora, es decir, prácticamente a la totalidad de la actividad de la compañía, ya que el personal del matadero y sala de despiece avícola -dependiente de la sociedad de servicios Randstad-, ya fue despedido tras el cierre del matadero a finales de 2019.



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