El parlamento andaluz aprobó esta semana la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica en Andalucía (Lipesa), que incluye medidas concretas para fomentar el consumo de productos ecológicos, apuesta por su producción en fincas y montes públicos, impulsa una mayor presencia de estos alimentos en hoteles, restaurantes y cafeterías y su priorización en la licitación de servicios alimentarios en centros públicos, especialmente educativos, sociosanitarios y de salud.
Una de sus grandes novedades es, sin duda, el esfuerzo por situar los volúmenes de consumo de producto ecológico, poco a poco, a la altura de la capacidad productiva de la comunidad autónoma. La ley establece el desarrollo de programas de fomento del consumo de productos ecológicos en centros públicos de la Junta de Andalucía; la realización de campañas informativas a la población; la promoción en hoteles, restaurantes y cafeterías; el impulso de la venta directa en mercados locales y en las propias explotaciones; y el fomento de la participación de empresas andaluzas en ferias y campañas de promoción internacional.
De forma destacada, se establece un mínimo de un 10% en alimentos ecológicos en el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche, que llega a más de 2.000 centros y cerca de 600.000 alumnos. Este punto es una de las grandes innovaciones de la ley puesto que no existe nada igual ni en el reglamento europeo o la transposición nacional del mismo. Sólo el Decreto de Comedores Escolares de ámbito nacional establece un mínimo que es del 5%, la mitad de lo que ahora fija Andalucía.
Otro ámbito en el que la norma es pionera, un esfuerzo muy estimado por el sector de la producción ecológica, es la lucha contra el blanqueo ecológico, conocido como greenwashing. La norma incluye todo tipo de producciones agrícolas y ganaderas para que, así, tengan que estar sometidas también a los estándares de calidad y protección que establece la Ley 2/2011 de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía en lo referente a calidad diferenciada. Según la organización Ecovalia, hay más novedades en la nueva regulación que refuerzan la promoción de la producción ecológica. Es el caso de la incorporación de criterios de priorización y de mejora de ofertas en las licitaciones de los servicios alimentarios en los centros públicos, especialmente centros educativos, sociosanitarios y de salud; los incentivos que se establecen para el uso de semillas, variedades vegetales, especies y razas autóctonas; o la bonificación al 50% del uso de servicios facultativos veterinarios para los ganaderos ecológicos.
“Se ha aprobado una ley pionera en España, de la que hay que tomar nota, que fomenta la producción, pero sobre todo el consumo de productos ecológicos, y que puede ser un arma eficaz de lucha contra el greenwashing. Ahora toca apostar por el desarrollo de la ley; Ecovalia trabajará por su cumplimiento y para que sea una herramienta útil para nuestros agricultores, ganaderos e industriales, pero también para hacer más fácil a los andaluces el consumo de alimentos ecológicos” ha asegurado Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, la asociación profesional española de la producción ecológica.
