Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, y la ingeniería Sener, han presentado el informe 'Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España', que determina una selección de 814 proyectos prioritarios de infraestructuras que habría que acometer valorados en 103.780 M€. Estos proyectos de inversión se repartirían en cuatro áreas prioritarias (agua, medio ambiente, transporte y urbanismo), que generarían 994.120 empleos, 78.907 M€ de actividad económica inducida y 50.851 M€ de retorno fiscal. Al tratarse de inversiones que se encuentran, o lo han estado en el pasado, en fase de planificación, su ejecución podría ser abordada en el periodo 2017/2021.

El grueso de estas inversiones corresponderían a 272 actuaciones prioritarias, con 85.244 M€ de inversión, repartidas en siete tipologías de obras de infraestructuras de transporte terrestre centradas en mercancías y logística (51 km), accesibilidad a ciudades (1.066 km), redes secundarias (460 km), gestión de capacidad (3.762 km) y movilidad urbana (144 km).

En el caso de las infraestructuras de agua y medio ambiente, la justificación de las inversiones obedece a criterios de cumplimiento de los hitos temporales impuestos por las directivas y, para las de transporte y urbanismo, a criterios de rentabilidad social atendiendo a su coste-beneficio, según la metodología utilizada por la Comisión Europea (CE). En infraestructuras de agua, se proponen 510 actuaciones prioritarias de 12.014 M€ de inversión repartidas en 15 tipologías de obras hidráulicas; el 38% de las actuaciones son de naturaleza básica (obligadas por la normativa).

El informe plantea, además, 32 actuaciones prioritarias de 6.522 M€ de inversión en infraestructuras de medio ambiente, centradas en el tratamiento de residuos municipales y el cumplimiento de la Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011 y el Plan Estatal Marco de Gestión de residuos 2016/2022. Los objetivos de porcentaje de materia biodegradable y prohibición de depósitos en vertedero de residuos sin tratar se están incumpliendo, lo que provocó que, en julio de 2015, la CE llevara a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la adopción de medidas correctoras.

Colaboración público-privada

El estudio parte de las conclusiones de la consultora A.T. Kearney en su informe “Áreas Prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España” presentado a finales de 2015 donde se identificaban ocho áreas prioritarias de inversión en las que sería necesario destinar de forma sostenida durante la próxima década entre 38.000 y 54.000 M€ anuales. "Invertir en estas infraestructuras prioritarias es una necesidad de nuestro país y un compromiso con nuestro futuro y las actuales restricciones presupuestarias no pueden servir de justificación para eludir nuestra responsabilidad", explica Julián Núñez, Presidente de Seopan.

En este sentido, Seopan, junto con la consultora Deloitte y el despacho de abogados Uría Menéndez han presentado a continuación el informe 'Hacia un modelo eficiente de colaboración público privada', con el fin de explicar las claves de un modelo eficiente de concesiones, que permite atraer la inversión privada necesaria y reducir al mínimo el cómputo en el déficit público de las inversiones en infraestructuras.

Deloitte y Uría Menéndez han analizado en detalle las carencias en la regulación y práctica concesional españolas junto a los factores de éxito de un gran número de concesiones internacionales de infraestructuras de diversas tipologías concluyendo que, los casos de éxito analizados, entre otras cuestiones, minimizan las posibles desviaciones en plazo y coste de los proyectos, consiguen una transferencia de riesgo al sector privado equilibrada y eficiente, y potencian el uso de mecanismos de financiación novedosos, todo ello con una alta predictibilidad y seguridad jurídica para los inversores. El estudio apunta que para poder atraer la gran y creciente liquidez que existe en los mercados y acometer las inversiones necesarias, se requiere del uso de esquemas de asociación público-privada (APPs).