La nueva Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017, de 8 de noviembre, prevé el establecimiento de cláusulas sociales como criterio para la adjudicación de contratos promovidos por las administraciones públicas.

Estos criterios, siguiendo las directivas de la UE, pretenden estimular el desarrollo social en la actividad económica derivada de la inversión y gasto público de las AP, de las cuales deriva el 42% del PIB.

En el sector de la construcción nos preocupa la implementación de las cláusulas sociales en los contratos de obra, no tanto por el hecho en sí, que puede ser positivo, sino en la forma y condiciones de su puesta en práctica. Se valora la contratación de personal en dificultades para obtener empleo, cuando muchas empresas no tienen perspectivas de trabajo para el personal propio. Se valora en esta situación los contratos indefinidos que propone la empresa y también el compromiso de empleo del personal.

Se valora la mejora de retribución en relación al convenio colectivo vigente para un contrato particular generando situaciones de desigualdad retributiva en la propia empresa y sustituyendo la negociación colectiva atribuida a los órganos competentes.

Estos ejemplos nos provocan inquietud por la introducción de condiciones que pueden tener un efecto contrario al deseado. La contratación pública debe dinamizar la economía con dimensión social, la economía colaborativa menos especulativa, la economía circular y promover la responsabilidad social. Las medidas adoptadas podrían tener efectos contrarios.

Un sector necesitado de estabilidad y consenso

Hay que tener en cuenta diferentes aspectos propios de nuestro sector. Una primera consideración está relacionada con la estructura de la industria de la construcción y con la influencia de la inversión pública en infraestructuras y equipamientos, tanto en su construcción como en el mantenimiento, en la adecuación a otros usos y en la rehabilitación. Es decir, en todo su ciclo de vida.

La industria de la construcción está condicionada por periodos cíclicos mucho más acusados que los ciclos generales de la economía, por lo que el sector depende o está condicionado por los presupuestos de las administraciones públicas, y por tanto por los ciclos políticos. Los países que tienen un sector de la construcción más sano son los que han tenido crecimientos más moderados pero estables en el tiempo. Crecimientos sostenidos en el tiempo exentos de oscilaciones que desestabilizan el sector.

Es por eso que pedimos estabilidad, condición necesaria para garantizar estructuras empresariales sólidas, preparadas y dispuestas a incorporar innovación, nuevas tecnologías y mejoras en las condiciones de trabajo en todos sus aspectos. La planificación de las inversiones en el tiempo es una necesidad ineludible; tanto para mejorar los servicios a los ciudadanos como para facilitar la necesariareestructuración de la industria de la construcción.

En los últimos años el sector y las empresas de la construcción se han reestructurado profundamente, conllevando la reducción del número y dimensión de muchas empresas. Se ha destruido empleo con un notable coste empresarial y social, afectando a muchas PYMES y a sus trabajadores del sector que han soportado la crisis sin ayuda de las administraciones públicas ni ninguna valoración social.

En este contexto la responsabilidad de las administraciones públicas debería ser ejemplar. Los procesos de licitación y adjudicación de contratos se han mejorado mucho en la transparencia pero deberían extender la información también en la liquidación de los contratos y los costes derivados de la explotación posterior.

La planificación y la difusión de los programas de inversión exigen grandes acuerdos políticos entre los diferentes grupos políticos y niveles de la administración, situación que podría considerarse una utopía en la situación política actual. Pero las utopías son las que al final hacen progresar la sociedad y convendría proponer un gran pacto para definir objetivos consensuados, evaluados por sus impactos sociales y medioambientales, y económicamente sostenibles que fueran independientes de los ciclos políticos y que permitieran estabilizar nuestro sector, permitir la programación en la inversión, la consolidación del empleo y la formación en el sector.

Esta sería la implicación socialmente responsable de los órganos de contratación de las administraciones públicas y en este contexto podrían, con autoridad moral, pedir a la industria de la construcción su implicación en la mejora del sector en el aspecto de las mejoras sociales.

La situación actual es bien distinta, ya que como dice el refrán "se coloca la carreta delante de los bueyes”.