El Gobierno sigue imponiendo condiciones para que los acreedores liderados por Deutsche Bank y Attestor puedan hacer efectiva la toma de control de la Compañía Española de Laminación (Celsa) autorizada por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número dos de Barcelona del pasado 4 de septiembre. Los fondos deberán vender una parte del capital de la compañía catalana a un inversor industrial que se comprometa a quedarse en el accionariado a medio-largo plazo.
