Fondviso, el fondo de inversión que lanzó Solventis el pasado septiembre, sigue avanzando en su objetivo de captar unos 650 M€ para poner en el mercado español en los próximos 10 años alrededor de 12.000 viviendas destinadas al alquiler asequible. Así, está concretando sus planes en distintos destinos de la geografía española para el desarrollo de sus proyectos. El último de ellos es la Comunidad Balear, donde prevé construir 600 viviendas mediante la colaboración público-privada. Para ello, el nuevo fondo de Solventis ejecutaría una inversión directa en el territorio de 100 M€, de los 2.000 M€ previstos de inversión total a movilizar. Esto supone que un mínimo del 5% de la cartera del fondo irá destinada a la región, una de las autonomías con mayor déficit de vivienda de alquiler asequible, donde la oferta pública se sitúa en torno al 3%.

Los planes en las Baleares se suman a los que ya ha presentado en Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. En concreto en Cataluña planea destinar 500 M€ para ejecutar más de 3.100 viviendas de alquiler asequible. Mientras, en la Comunidad Valenciana el objetivo es dedicar 320 M€ en construir hasta 2.000 viviendas. Por último, en Canarias la previsión es levantar 615 pisos, que absorberán una desembolso de unos 100 M€.

Todos estos importes se materializarán a través de la inversión por parte de Fondviso en el capital de compañías privadas que promoverán, desarrollarán y gestionarán dichas infraestructuras dirigidas al alquiler residencial asequible a partir del derecho de superficie cedido por el titular del suelo, ya sea público o privado, por un tiempo no inferior a 30 años. La participación del fondo en cada proyecto no superará más del 25% de la sociedad creada para la ejecución de cada proyecto. A cambio, los inversores obtendrán una rentabilidad anual neta superior al 7%. Una vez finalizada la construcción de la infraestructura residencial, las sociedades participadas obtendrán la nuda propiedad de la misma, y cederán a las Administraciones Públicas o a sus entidades dependientes, el derecho de uso sobre la misma durante un plazo no inferior a 30 años, a cambio de un canon anual por disponibilidad indexado a IPC (índice de precios al consumo) o bien a IGC (índice de garantía de la competitividad).