La patronal Asimelec, que agrupa a las empresas del sector TIC español, ha solicitado a los grupos parlamentarios la paralización del Proyecto de Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española o bien que se retire del mismo la tasa especial del 0,9% que recae sobre las empresas de comunicaciones electrónicas.

En un escrito remitido a los miembros de la Cámara Baja, Asimelec muestra su oposición a que el proyecto de Ley incremente la presión fiscal del sector de las telecomunicaciones y que se utilicen los ingresos fiscales procedentes del sector de comunicaciones electrónicas para subvencionar a otro sector, como es el audiovisual, y concretamente, a las televisiones privadas. “Es obvio –argumentan-, que el Sector de las Telecomunicaciones no se beneficia de la retirada de la publicidad en RTVE, tal como se asegura, equivocadamente, en el texto de este Proyecto de Ley”.

Por otra parte, la patronal considera de dudosa legalidad la figura de esta nueva tasa en el vigente Derecho de las Telecomunicaciones, tanto español como europeo.

A su juicio, el Gobierno no ha tenido en cuenta las advertencias del Consejo de Estado ni de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ni tampoco ha consultado a los sectores implicados, “Y ha decidido seguir un modelo muy cuestionado, que sólo se ha aplicado recientemente en un único país, y que ya ha sido advertido como ilegal por la Comisión Europea. Un proyecto elaborado con prisas y sin evaluar los efectos sobre los sectores directamente implicados”, según el texto remitido a los grupos parlamentarios.

Para el presidente de Asimelec, Martín Pérez, “es injusto penalizar a un sector que contribuye al desarrollo de nuestra economía y crea riqueza, un sector privado, que está invirtiendo en las nuevas infraestructuras de red, que son el motor del desarrollo de la sociedad de la información en España”.

Por último, aboga por abrir un proceso de debate transparente con todos los agentes sociales. La patronal cree imprescindible este diálogo y recuerda que el propio Consejo de Estado cuestionaba que no habían sido consultados los sectores implicados. “Este debate ha de tener en cuenta las necesidades de todos y no solamente el beneficio de un sector, como el de las televisiones privadas, que como los demás sectores tienen que hacer viable su modelo de negocio y no buscar el subsidio, bien a través de fondos públicos o con la intervención, como es el caso, de fondos de otros sectores, que nada tienen que ver ni se benefician de las medidas de este Proyecto de Ley”.