La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), organización que reúne unos 6.000 comercios de electrodomésticos -en su mayoría de proximidad-, ha trasladadao a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, diversas medidas para la protección del comercio de proximidad de electrodomésticos y la aplicación Plan Renove para lo que ya viene a conocerse en muchos sectores como el "día después". Entre las medidas que la organización solicita, y que se recogen en una nota de prensa emitida el 6 de abril, figuran la supresión temporal de impuestos y tributos al comercio; así como la intervención del Gobierno ante las aseguradoras para la evaluación del sector. Además, la organización sectorial considera imprescindible la puesta en marcha de un Plan Renove para sustitución de un millón de aparatos hasta final de año.

"Desde FECE seguimos apoyando las decisiones de las autoridades sanitarias encaminadas a preservar la salud de los ciudadanos. Esa debe ser la prioridad de todos en este momento. Ese apoyo y reconocimiento lo dirigimos especialmente a todo el personal sanitario y a todos aquellos que, de una u otra manera, se esfuerzan y se dedican al servicio público y a luchar para que la crisis sanitaria acabe lo antes posible.

Es difícil hacer unas estimaciones acertadas acerca del impacto negativo que puede sufrir el comercio en general y el de electrodomésticos en particular a consecuencia de esta crisis. No iremos muy desencaminados si apuntamos una pérdida de facturación de alrededor de 500 millones de euros, y a que cerca de un 20% de los puntos de venta puedan llegar a cerrar sus puertas definitivamente, lo que supondrá también varios miles de puestos de trabajo perdidos. Todo dependerá del tiempo final de confinamiento, de la situación de la economía y de las medidas que se tomen ahora y en las próximas semanas desde el gobierno de la nación.

Una vez más, nos ponemos al servicio del Gobierno para trabajar en la preparación de una salida progresiva de la crisis. Apostando por paliar en la medida de lo posible las gravísimas consecuencias que el COVID-19 está infringiendo en nuestro sector, hemos hecho llegar a la ministra Reyes Maroto, titular Industria, Comercio y Turismo, una carta con la siguiente serie de medidas para que sean puestas en marcha por el Gobierno:

  1. Ampliación del tramo de avales con carácter inmediato, con especial dedicación a las pymes y los autónomos. Ha quedado demostrado que los 20.000 M€ iniciales han resultado del todo insuficientes para las necesidades reales de las empresas. Es por ello por lo que debería aplicarse una extensión de esta cuantía hasta los 50.000 M€.

  2. Reiteramos nuestra solicitud de suspensión del pago de impuestos, en la línea de lo que ya han adoptado más de 20 países europeos y 15 Comunidades Autónomas. El Gobierno debería tener una especial sensibilidad con el comercio e incluirlo dentro de los sectores a los que aplicar esta medida. Reclamamos la supresión temporal del pago del IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, en especial al colectivo de trabajadores autónomos.

  3. En esta línea, pedimos al Ministerio que traslade a la Federación Española de Municipios y Provincias la solicitud para que la suspensión en el pago de tributos municipales se haga extensivo en todo el territorio, en línea con lo que ya están aplicando muchos municipios. 

  4. Solicitamos la suspensión del recargo de equivalencia. Consideramos que un coste fijo en este contexto resulta injustificado al no estar realizándose ningún tipo de aprovisionamiento. Esta suspensión temporal debería servir como paso previo a la supresión definitiva de este recargo.

  5. Pedimos también la mediación del Gobierno con las compañías aseguradoras de riesgo a fin de reconsiderar las reducciones del importe asignado a los comercios y plataformas que se están produciendo. Esta situación puede provocar un inmediato parón en las transacciones que se puedan dar en el sector cuando se finalice el confinamiento, lo que provocaría el desabastecimiento y el cierre definitivo de muchos puntos de venta. En esta línea, también pedimos máxima comprensión y flexibilidad con los comercios que puedan caer en retrasos en los pagos. En consecuencia, solicitamos que, con carácter temporal, no sean incluidos en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), con el fin que puedan seguir optando a líneas de financiación.

  6. Reclamamos al Gobierno la consideración del nuestro sector entre los bienes de primera necesidad y, por tanto, la posibilidad de apertura inmediata de los puntos de venta de electrodomésticos. Si no se pudiera contemplar una apertura total, al menos de posibilidad de apertura de media jornada de forma temporal. Este punto es especialmente sensible en las zonas rurales y vendría a garantizar el abastecimiento de productos a los comercios de la “España vaciada”, garantizando que puedan ejercer la actividad, así como facilitar la entrega a los consumidores por parte del comercio en los pequeños núcleos de población.

  7. FECE considera necesario que el Gobierno comience ya a trabajar en el "día después" del levantamiento de la emergencia sanitaría, creando planes y campañas de "incentivación" de las compras en el comercio de proximidad. Solicitamos la implantación de un tique especial de compra, destinado a la adquisición de productos en pymes del pequeño comercio con objeto de favorecer la recuperación de la demanda, paliar los posibles cambios de hábito de consumo que se puedan producir tras el reinicio de la actividad y promover la importancia de la tienda física. Este tique supone una vía para reforzar la estructura de oferta comercial básica, que representan los establecimientos comerciales de los pueblos y ciudades de España.

  8. Como medida imprescindible, reclamamos la puesta en marcha inmediata de un Plan Renove para la ayuda a la compra de electrodomésticos de bajo consumo, que permita sustituir un millón de aparatos antes de final de año. El Estado recuperaría rápidamente esta inversión vía impuestos, consiguiendo además lanzar un mensaje a la sociedad sobre la importancia sostenibilidad y de la eficiencia energética en el consumo doméstico. Asimismo, con esta medida se ahorrarían más de 80 M€ al año en el recibo de electricidad de los hogares, que ayudaría también a las economías domesticas más desfavorecidas.

Estas medidas han sido compartidas también con la CEOE, CEPYME y la Confederación Española de Comercio, organizaciones que apoyan plenamente nuestras reclamaciones ante la Administración".