España tendrá que pagar 20 M€ por incumplir su obligación de recuperar las ayudas ilegales pagadas a Indosa-CMD, una de las cuatro sociedades que conformaron el grupo español de menaje Magefesa, según la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Será el precio a pagar, además de una multa coercitiva, por un asunto que colea desde hace más de diez años, después de que la Comisión Europea decidiera llevar a España ante este organismo por no haber concluido el procedimiento de recuperación de estas ayudas, declaradas ilegales e incompatibles para el mercado común en diciembre de 1989.
Tras una primera sentencia por parte del Tribunal en julio de 2002 sobre dicho incumplimiento, en 2006 la Comisión consideró que ya había sido ejecutada en relación a Gursa, Migsa y Cunosa, resto de empresas del grupo, pero no así en el caso de Indosa, cuyas actividades prosiguieron, continúa el auto, pese a su declaración de quiebra en 1994 tanto por la propia Indosa como por su filial Compañía de Menaje Doméstico (CMD), creada para comercializar sus productos y también declarada en concurso (y posteriormente en liquidación) en 2008, y cuya actividad continuó entonces a través de Euskomenaje, creada por una parte de antiguos trabajadores.
Tras recordar que el hecho de que una empresa se halle en dificultades o en situación concursal no afecta a la obligación de recuperar las ayudas pagadas ilegalmente, el fallo del Tribunal de Justicia determina ahora la condena a pagar una "multa coercitiva de 50.000 € por cada día de retraso en la puesta en práctica de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2002" a partir del 11 de diciembre de 2012, además de la citada suma de 20 M€.
Según destaca la sentencia, el importe se ha fijado de manera adecuada a las circunstancias y proporcionada al incumplimiento declarado y la capacidad de pago de España. Asimismo, en dicha sentencia influye la duración y la gravedad del incumplimiento, que perdura desde hace más de diez años y más de 22 desde la decisión de la Comisión. Así, establece que el "pago de una multa coercitiva constituye un medio económico apropiado a efectos de incitarle a adoptar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento".
